Tras el fracaso del concurso preventivo abierto desde abril de 2024, la Justicia confirmó en noviembre de 2025 la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA). Esta empresa había sido adquirida por el Grupo Vicentin y se dedicaba a la fabricación de reconocidos yogures y postres de SanCor. A pesar de sus orígenes prometedores, la empresa acumuló deudas con proveedores, transportistas y empleados, con atrasos salariales desde 2023 y suspensiones masivas. Tenía dos plantas clave: una en Arenaza (Lincoln, Buenos Aires) con 180 empleados y otra en Monte Cristo (Córdoba) con unos 200 trabajadores. ARSA se estableció en 2016 como un medio para la adquisición de la división de productos refrigerados de SanCor Cooperativas Unidas Ltda., adquirida por el Vicentin Family Group (VFG), un holding vinculado al grupo Vicentin, por aproximadamente u$s 100 millones. En 2019, inversores asociados a Vicentin y al fondo BAF Capital asumieron el control, con la intención de preservar la línea de postres y yogures de SanCor bajo licencia. Inicialmente, la empresa fue considerada “la última joya” del imperio Vicentin, prometiendo modernización e inversión, aunque estas promesas se desvanecieron rápidamente. No obstante, la gestión fue transferida hace dos años y medio a la empresa venezolana Maralac S.A., dirigida por los hermanos Manuel y Alfredo Fernández, quienes también administran La Suipachense. En abril de 2024, ARSA solicitó un concurso preventivo para evitar la quiebra; sin embargo, ningún inversor, incluidos rumores sobre Inverlat (propietarios de Havanna) o Werthein y CarVal, se presentó para ofrecer un salvataje. Finalmente, el juez Federico Güerri, del Juzgado Comercial N.º 29, Secretaría 58, dictó la liquidación total, inhibiendo bienes y embargando fondos. ARSA constituía el núcleo de la producción de postres lácteos refrigerados para SanCor, una marca emblemática de la tradición argentina en el sector lechero. Entre sus productos destacados se incluían: La empresa atribuyó su colapso a la “situación general de la economía argentina”: caída del consumo, inflación galopante, encarecimiento de materia prima (leche cruda), subas salariales, devaluaciones. También apuntan a las políticas de control de precios, como el programa Precios Justos implementado en agosto de 2023 por el gobierno anterior. Cortes de energía por falta de pago y paralización de plantas en 2024 agravaron el panorama, con trabajadores denunciando incumplimientos ante el sindicato Atilra. Sin embargo, voces del sector lácteo apuntan a una gestión ineficiente y posiblemente fraudulenta. Expertos destacan que el concurso no se tramitó de forma transparente y que los problemas de ARSA no se limitan a la coyuntura: sobreoferta de leche, restricciones a exportaciones y desequilibrios en la cadena de pagos erosionan a pymes como esta. El fracaso en vender la empresa —bloqueado por causas judiciales de Vicentin— selló su destino. El golpe más severo afecta a los empleados: al menos 400 trabajadores han perdido sus puestos, muchos de ellos con más de 30 años de antigüedad en la ex SanCor. La comunidad de Sunchales y Lincoln, dependiente de estas plantas, expresa su descontento por la falta de respuestas de los directivos.