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Aunque muchos conductores no lo saben, existe una situación en la que una persona puede negarse a realizar un control de alcoholemia y los agentes no pueden obligarla físicamente a hacerlo. Sin embargo, la ley argentina también establece qué ocurre después de esa negativa y cuáles son las consecuencias en la mayoría de los casos.
Los controles de alcoholemia forman parte de los operativos habituales de tránsito en todo el país y tienen como objetivo detectar si un conductor circula con una graduación de alcohol superior a la permitida. Ante ese escenario, una de las dudas más frecuentes es si una persona está obligada a soplar el alcoholímetro.
¿En qué caso una persona puede negarse a un control de alcoholemia?
Si el conductor tiene una imposibilidad física o médica que le impide realizar correctamente la prueba de aire espirado, puede negarse a efectuar ese examen y los agentes no pueden obligarlo por la fuerza a soplar el alcoholímetro.
Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando la persona presenta una enfermedad respiratoria grave, una lesión reciente u otra condición que haga imposible completar el test.
En esos casos, la autoridad debe recurrir a otros métodos de comprobación previstos por la normativa, como un análisis de sangre u otro procedimiento autorizado para determinar si el conductor consumió alcohol.
No obstante, también otras personas sin enfermedad pueden negarse a realizarlo. Están en su derecho de hacerlo, pero recibirán sanciones legales.
Qué pasa si una persona simplemente se niega al control
La Ley Nacional de Tránsito establece que los conductores deben someterse a las pruebas de alcoholemia cuando son requeridas por la autoridad competente. Si una persona decide negarse sin una causa médica o una imposibilidad justificada, esa decisión constituye una infracción.
Además, la normativa presume que el conductor circulaba en infracción, por lo que la autoridad puede labrar el acta correspondiente y aplicar las medidas previstas en la legislación vigente.
¿Los agentes pueden obligar a una persona a soplar?
Los inspectores o efectivos policiales no pueden emplear la fuerza para obligar físicamente a una persona a realizar el test de alcoholemia.
Sin embargo, eso no significa que la negativa quede sin consecuencias. En lugar de realizar el examen por la fuerza, la ley prevé sanciones administrativas que pueden incluir multas, la retención de la licencia de conducir o del vehículo, según lo establezca la normativa de cada provincia o municipio.
Qué dice la Ley Nacional de Tránsito
La Ley 24.449 dispone que todos los conductores deben someterse a las pruebas destinadas a verificar la presencia de alcohol o sustancias cuando sean requeridas por la autoridad.
Por ese motivo, negarse al control no evita una eventual sanción. La única excepción práctica es cuando existe una imposibilidad física o médica para realizar el examen, supuesto en el que corresponde utilizar otro método de constatación autorizado por la normativa.