La industria petrolera argentina festejará cien años en el 2007. Para ser precisos, la conmemoración se refiere al centenario de la explotación estatal del petróleo, que se inició en Comodoro Rivadavia en diciembre de 1907. Es justo mencionar que antes de esa fecha, emprendedores privados ya habían protagonizado intentos de explotación petrolera en varias regiones del país. La falta de continuidad de estos emprendimientos los condenó a la prehistoria del petróleo argentino.
El descubrimiento del 13 de diciembre de 1907 fue realizado por empleados del Ministerio de Agricultura de la Nación, en territorios bajo jurisdicción federal. En esos años, no había una legislación especial para la industria petrolera. El Código de Minería, aplicable a cualquier actividad extractiva, regulaba el otorgamiento de permisos de cateo y concesiones de explotación, y prohibía explícitamente la explotación estatal.
Eludiendo el marco legal minero, el presidente José Figueroa Alcorta tomó una decisión trascendental para el futuro de la industria petrolera: estableció por decreto una zona de reserva en favor del Estado de 200.000 hectáreas alrededor del pozo descubridor, bloqueando la inminente avalancha de permisos de cateo que hubieran solicitado los empresarios privados ante la noticia del hallazago. La decisión dio lugar al surgimiento de la primera explotación petrolera estatal del mundo, bautizada Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) algunos años después. Con el paso del tiempo, YPF se abrió paso entre sus competidores privados, consolidándose de la mano de gobiernos de distinto signo: conservadores, radicales yrigoyenistas, alvearistas, militares. Como diría el brillante dirigente socialista Antonio De Tomaso, quien como ministro de Agricultura impulsó en 1932 la primera ley orgánica de YPF: la empresa del Estado iba perfilándose insensiblemente, sin obedecer a ninguna doctrina, como una creación espontánea y casi fatal de los hechos.
En esas primeras décadas de historia petrolera, los argentinos logramos construir una empresa estatal que fue modelo para otras experiencias de la región, pero no pudimos alcanzar un consenso estable en torno a dos definiciones críticas para el desarrollo de la industria: ¿De quien son los hidrocarburos? ¿Quién debe explotarlos? Las liberales condiciones establecidas por el Código de Minería –dominio federal del subsuelo, explotación privada con concesiones a perpetuidad sin pago de regalías– fueron rápidamente descartadas por la dirigencia argentina, pero los intentos por establecer una legislación específica para el sector petrolero naufragaron una y otra vez en el Congreso. La primera ley petrolera se votaría finalmente en los años treinta, consagrando el dominio compartido entre la Nación y las provincias, y la explotación tanto privada como pública. Estas definiciones, sin embargo, se probarían poco duraderas. Durante el peronismo, la nacionalización de la industria y el monopolio estatal llegarían a la Constitución en la reforma de 1949. Sectores nacionalistas del gobierno intentaron llevar estos nuevos preceptos constitucionales a la práctica mediante la expropiación de los activos de las empresas privadas, pero fracasaron. Aunque a la sombra de la poderosa YPF, las compañías continuaron produciendo, refinando y comercializando hidrocarburos. A mediados de la década del cincuenta, acompañaron a Perón en un frustrado intento de incorporación masiva de capitales privados en la industria petrolera, cuya manifestación más conocida fue el polémico contrato con la compañía California, hoy Chevron.
Las idas y vueltas en materia petrolera continuaron en la segunda mitad del siglo XX. El presidente Frondizi, principal crítico del acuerdo de Perón con la California, llevó adelante un ambicioso programa de contratos entre YPF y las empresas privadas, cancelados luego por el presidente Illia. En los setenta, la nacionalización llegó a las estaciones de servicio, pero fue revertida poco tiempo después durante la dictadura militar.
En nuestros días, el dominio de los yacimientos y el rol del Estado en la explotación continúan en debate. Aunque hay voces que defienden la nacionalización, el Congreso estaría pronto a aprobar un proyecto de ley que hace efectivo el dominio provincial de los hidrocarburos establecido por la última reforma constitucional. En relación a la explotación de los recursos, el proceso de privatización y desregulación de la industria se detuvo en los últimos años, y la creación de Enarsa reabrió el debate en torno a la participación estatal en la industria. Todo indica que el centenario de nuestro petróleo nos encontrará, una vez más, discutiendo las cuestiones fundamentales para el desarrollo de la industria.
