Una buena noticia judicial para Trump, a días de que asuma la presidencia de EE.UU.
El juez Juan Merchan se negó a condenar al presidente electo a penas de prisión o a imponerle multas por el caso de "silencio por dinero".
Donald Trump se ha librado de ser condenado por el caso del "dinero por silencio", escapando a cualquier sanción por el histórico caso penal días antes de volver a entrar en la Casa Blanca.
En una audiencia celebrada el viernes en Manhattan, en la que Trump compareció virtualmente desde su mansión de Mar-a-Lago, Florida, el juez Juan Merchan se negó a condenar al presidente electo a penas de prisión o a imponerle multas, y en su lugar emitió un fallo de "libertad incondicional".
Merchan, que dirigió en la primavera boreal el primer proceso penal contra un ex presidente de Estados Unidos, dijo en unas breves declaraciones antes de anunciar su decisión que era "la única sentencia legal... sin menoscabo del cargo más alto del país".
Añadió que, pese a las "amplias protecciones" otorgadas a los titulares del cargo, "no reducen la gravedad del delito" ni otorgan el "poder de borrar el veredicto de un jurado".
Trump, con semblante resignado y cabizbajo, había arremetido antes contra el caso, calificándolo de "armamentización del Gobierno" y afirmando que el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, que estaba sentado en el tribunal, nunca quiso presentar los cargos.
"Soy totalmente inocente, no he hecho nada malo.Me acusaron por llamar gasto legal a un gasto legal", dijo Trump ante el tribunal. "Creo que es una vergüenza para Nueva York", agregó.
El fallo apenas atrajo el frenesí mediático que acompañó al juicio de siete semanas de Trump el año pasado, que tuvo lugar en medio de la campaña presidencial. Marca el final simbólico de un intento de años por parte de fiscales estatales y federales de condenar a Trump por una serie de presuntos delitos, desde intentar anular los resultados de las elecciones de 2020 hasta la retención de documentos clasificados tras su anterior salida de la Casa Blanca.
Las dos causas penales federales contra el mandatario de 78 años estaban en peligro después de que la Corte Suprema dictaminara el año pasado que los presidentes gozan de amplia inmunidad frente a procesos por actos oficiales durante su mandato. El Departamento de Justicia (DoJ, por sus siglas en inglés) de Joe Biden se está ocupando ahora de ellos, en consonancia con la antigua política del organismo de no perseguir a los presidentes en ejercicio.
Un caso de injerencia electoral en Georgia se ha visto comprometido por el hecho de que la fiscal del distrito no revelara que mantenía una relación sentimental con el fiscal clave al que había incorporado al caso, lo que ha provocado su descalificación.
El caso de Manhattan, que fue el primero en presentarse y el único en llegar a una conclusión, también se ha visto frustrado por la reelección de Trump.
Trump fue declarado culpable de 34 delitos graves, después de que un jurado determinara que había falsificado registros comerciales relacionados con los pagos realizados a la actriz porno Stormy Daniels, que amenazó con hacer públicas las acusaciones de una aventura con el magnate inmobiliario en el periodo previo a las elecciones de 2016.
Pero Bragg no luchó contra varios intentos de retrasar la sentencia. Una vez que Trump venció a Kamala Harris en noviembre, se negó a buscar cualquier castigo para el presidente electo, más allá de la sentencia simbólica del viernes.
Trump, que ha denunciado sistemáticamente el proceso como una "caza de brujas" por parte de los fiscales demócratas, trató no obstante de impedir que se dictara sentencia, apelando a los tribunales superiores de Nueva York y a la Corte Suprema de EE.UU.
El jueves por la noche, horas antes de que tuviera lugar la sentencia, una mayoría de 5-4 en la Corte Suprema se negó a conceder la petición de Trump, diciendo que no había indicios de que los procedimientos interfirieran en gran medida con los preparativos de Trump para volver a entrar en la Casa Blanca.
Trump, que ha prometido represalias contra sus enemigos políticos y contra quienes presentaron demandas contra él, planea instalar a varios de sus abogados principales en puestos clave, incluido el DoJ, cuando regrese a Washington.
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