Cuando ayer el presidente Barack Obama anunció su tan esperado plan de reforma inmigratoria estadounidense, que evitará la deportación de millones de inmigrantes ilegales, quedó en evidencia un enfrentamiento con los republicanos que se gestaba hace meses.
Los líderes del GOP, envalentonados por su gran desempeño en las elecciones de mitad de término este mes, advirtieron que analizarán todas las posibilidades "legales y políticas" para enfrentar al presidente, a quien acusan de excederse en sus facultades y otorgar amnistía a gente que violó leyes de EE.UU.
Los republicanos se hacen una serie de cuestionamientos:
¿Nos conducimos hacia otro cierre del gobierno? Si los republicanos insisten en atar las medidas para bloquear el decreto a la aprobación del presupuesto en los próximos días, podría entrar en juego un cierre del gobierno.
Sin embargo, si bien no se descarta un impasse, muchos republicanos en los últimos días buscaron restar importancia a la posibilidad de un regreso a octubre de 2013, cuando un amargo estancamiento legislativo por la polémica reforma de la ley de salud que quería Obama derivó en un cierre parcial del gobierno que duró 16 días. Si bien el presidente sigue teniendo muy poca aprobación, la imagen del partido republicano también se vio golpeada durante esa paralización porque los votantes les endilgaron gran parte de la responsabilidad. "Nadie quiere eso de nuevo", aseguró Steve King, legislador republicano de Iowa, un sentimiento que comparten los miembros de su partido. Es importante recordar que los republicanos no quieren ser catalogados simplemente como anti inmigrantes. Los votantes hispánicos representaron el 10% del electorado en las elecciones presidenciales de 2012, una proporción que se duplicaría para el 2030.
¿Cuáles son las alternativas a una amenaza de cierre? Los republicanos pueden y están avanzando por varios caminos diferentes, algunos de los cuales son políticos y otros legales. Primero, podrían promulgar su propia legislación inmigratoria. El Senado aprobó un paquete de reformas, conocido como S.744, en junio de 2013 con apoyo bipartidista. Sin embargo, el proyecto se estancó en la Cámara de Representantes. Pero el panorama cambió drásticamente en las últimas dos semanas. Las arrolladoras victorias republicanas en las últimas elecciones les otorgaron el control del Senado por primera vez desde 2007 a partir de enero, lo que potencialmente le daría nuevo empuje a la nueva ley.
Sin embargo, últimamente se hablaba de negociar el nuevo proyecto de financiamiento gubernamental, que debe ser aprobado para el 11 de diciembre para evitar otro cierre.
Algunos legisladores conservadores impulsan la estrategia de aprobar un presupuesto de gasto por un año, que financie al gobierno hasta septiembre próximo, y luego moverse retroactivamente para "desfinanciar" medidas que se emplearían para implementar el decreto de Obama. Otro plan en discusión es aprobar una ley de financiamiento a más corto plazo, y dar efectivamente una batalla por el gasto y la amenaza de cierre en enero, cuando ambas cámaras del Congreso estén bajo control de los republicanos y tengan más influencia.
También hay maniobras legales en marcha. Los republicanos repetidas veces insistieron en que Obama no tiene el poder de actuar unilateralmente en cuanto a la reforma inmigratoria. Rick Perry, gobernador republicano de Texas y posible candidato presidencial en 2016, señaló en una conferencia que su estado, que comparte frontera con México, estudiará la posibilidad de iniciar un juicio y otras múltiples acciones.
¿Es legal el decreto inmigratorio que anunció ayer el presidente? Una de las líneas de ataque más potentes de los republicanos contra el mandatario últimamente se basa en sus anteriores declaraciones sobre los límites a los decretos sobre inmigración. Y no hay dudas de que algunas de esas declaraciones indican que el presidente dio un giro de 180º. Una de ellas es: "El problema es que soy el presidente de Estados Unidos, no el emperador de Estados Unidos. Mi tarea consiste en poner aplicar las leyes que se aprueban. Y el Congreso ahora no cambió lo que considero un sistema inmigratorio quebrado. Y eso significa que tenemos cierta obligación a exigir el cumplimiento de las leyes vigentes aún cuando creamos que en muchos casos los resultados pueden ser trágicos".
¿Cuál es la respuesta de la Casa Blanca?
Los asesores del presidente insisten en que el decreto fue analizado exhaustivamente por abogados internos y externos, quienes aseguraron es legal.
También rápidamente se defendieron mencionando ejemplos de otros presidentes, incluyendo republicanos, que emitieron decretos para evitar que inmigrantes ilegales fueran deportados. Esa lista incluyen a George H.W. Bush y Ronald Reagan, recalcó John Earnest, el vocero de la Casa Blanca.
¿Qué dicen las encuestas? Una encuesta de esta semana elaborada por NBC News/Wall Street Journal señala que casi la mitad de los norteamericanos, el 48%, se opone a que Obama dicte un decreto sobre inmigración, mientras que el 38% lo aprueba.
