El Gobierno argentino considera que 2026 será su “oportunidad de oro” para aprobar una profunda reforma económica antes de las elecciones presidenciales del año siguiente, según el ministro encargado de aplicar la agenda de desregulación “motosierra” del presidente Javier Milei.
Milei, que se ha apoyado en gran medida en facultades ejecutivas para recortar el gasto y la regulación, perdió decenas de votaciones en el Congreso en 2025, cuando la campaña de cara a las elecciones legislativas de octubre tensó las alianzas entre su fuerza La Libertad Avanza y los partidos moderados.
Pero, tras más que duplicar su bloque legislativo en esos comicios, el Gobierno cree que ahora puede avanzar con reformas laborales y tributarias, además de un nuevo código penal de línea dura. Estas reformas han sido resistidas durante mucho tiempo por la oposición peronista de izquierda, que obtuvo el 32% en las legislativas frente al 41% de LLA.
“Hay un nuevo clima político”, dijo al Financial Times el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, autor de gran parte de las reformas previstas. “El resto del sistema político está mirando al partido que ganó el 40%, y eso va a facilitar el diálogo con el Congreso”.
“El foco tiene que estar en hacer las cosas en 2026 porque 2027 ya vuelve a ser un año electoral”, agregó Sturzenegger, de 59 años, ex presidente del Banco Central y considerado un halcón dentro del equipo de Milei. “El año que viene es la oportunidad de oro”.
En su primera prueba en el Congreso tras las elecciones de medio término, el Gobierno logró la semana pasada la aprobación en la Cámara baja de su proyecto de presupuesto 2026. Sin embargo, no consiguió revertir aumentos de gasto aprobados por el Congreso anterior, lo que sugiere que aún serán necesarias negociaciones intensas para sacar adelante las reformas.
El primer objetivo es el mercado laboral argentino, donde la cantidad de empleos formales del sector privado se mantiene prácticamente estancada desde hace 14 años. Cerca de la mitad de los trabajadores se desempeña en la informalidad.
Las empresas atribuyen esta situación a las altas cargas patronales, a indemnizaciones por despido que en algunos casos consideran excesivas y a convenios salariales de alcance nacional entre sindicatos y cámaras empresarias que pueden imponerse sobre las negociaciones a nivel de empresa.
El proyecto de ley laboral reduciría las cuotas sindicales que pagan los trabajadores no afiliados, limitaría la discrecionalidad de los tribunales laborales en materia de indemnizaciones y haría que las negociaciones salariales a nivel de empresa prevalezcan sobre los acuerdos nacionales. También permitiría jornadas laborales de hasta 12 horas y restringiría el derecho a huelga al ampliar la categoría de trabajos considerados esenciales.
Sturzenegger sostuvo que los cambios “corregirán la rigidez que expulsó a la gente del mercado laboral formal”. Una mayor flexibilidad en las negociaciones salariales, argumentó, permitiría a las empresas más pequeñas y a las ubicadas en regiones más pobres contratar más personal e impulsar un aumento del 15% al 20% en el empleo formal.
Los críticos afirman que el proyecto beneficiaría más a las empresas que a los trabajadores. El centro de estudios laborales de la Universidad Nacional de San Martín calificó la iniciativa como una “regresión” que reduciría salarios ya bajos. También cuestionó la decisión de redirigir fondos de la seguridad social a un nuevo fondo destinado a ayudar a las empresas a pagar indemnizaciones.
Los opositores de Milei también señalan que los recortes del gasto público y la eliminación de barreras comerciales proteccionistas ya han afectado al empleo formal. Según un análisis de datos oficiales realizado por el think tank de izquierda CEPA, el país tiene 280.000 empleos formales menos que cuando Milei asumió.
El Gobierno sostiene que sectores exportadores de rápido crecimiento —como minería, energía, agroindustria y tecnología— se expandirán para cubrir ese vacío, aunque actualmente representan apenas el 14% del empleo, frente al 19% de la industria manufacturera.
“Si podemos pasar de ser una economía que exporta e importa el 10% del PBI a una que exporta e importa el 30% del PBI, el aumento del nivel de vida será inconmensurable”, afirmó Sturzenegger. “Si el Gobierno mantiene este rumbo, puede ocurrir en una generación”.
Se espera que el proyecto laboral comience a debatirse en el Congreso a partir de febrero. LLA es ahora el bloque más grande en la Cámara baja, con 95 de 257 bancas.
No obstante, el Gobierno probablemente deberá hacer concesiones para sumar el apoyo de legisladores moderados, dijo Juan Cruz Díaz, director ejecutivo de la consultora política Cefeidas. “Cualquiera sea el contenido final, aprobar la ley sería una señal clave para que el Gobierno muestre a los inversores que puede consolidar su agenda de reformas”, señaló.
Sturzenegger también ha liderado los esfuerzos de Milei por recortar el entramado regulatorio argentino y asegura haber eliminado o reformado 13.500 artículos mediante distintas facultades ejecutivas.
Sectores como el transporte de cargas se han beneficiado de una fuerte reducción de costos gracias a estas medidas, dijo Sturzenegger. Sin embargo, agregó que el impacto económico general es difícil de cuantificar.
Por ejemplo, “este año no pasó nada” tras levantar la prohibición de exportar ganado en pie, explicó, “porque hay que desarrollar el mercado”.
“Pero quizá dentro de diez años seamos el principal proveedor de los países del Golfo”, añadió. “Estamos totalmente convencidos de que cuanta más libertad tiene la gente, más cosas hará”.
