El ataque del Pentágono contra Anthropic por el uso militar de la inteligencia artificial fracturó la frágil tregua que había prevalecido entre Silicon Valley y la administración de Donald Trump durante gran parte del segundo mandato del presidente.
La disidencia comenzó con Dean Ball, un exfuncionario de Trump que el año pasado redactó gran parte del Plan de Acción de IA de la administración. Criticó duramente la decisión de catalogar a Anthropic como un riesgo para la cadena de suministro, calificándola como “por un margen abrumador la decisión de política más dañina que he visto en mi vida”.
Desde entonces, Microsoft y asociaciones comerciales que representan a Apple, Meta, OpenAI, Amazon y Google han escrito al presidente o firmado contundentes escritos legales instando a los tribunales estadounidenses a fallar a favor de Anthropic, luego de que la start-up se negara a otorgar al ejército estadounidense acceso irrestricto a sus modelos.
Han contado con el respaldo de una amplia red de lobbistas y think tanks, que anteriormente apoyaban muchas de las políticas tecnológicas de Trump.
“Gran parte de la industria tecnológica está despertando y dándose cuenta de que tenemos que trazar una línea aquí, antes de que esto nos afecte al resto”, dijo Alec Stapp, cofundador del Institute for Progress, un think tank pro innovación en Washington que cofirmó uno de los escritos.
El pacto entre las Big Tech y la administración Trump se basaba en la expectativa de que el presidente impulsaría la IA estadounidense y despejaría el camino para que la industria avanzara.
Pero el castigo del Pentágono a Anthropic —al etiquetar a la start-up, valuada en u$s 380.000 millones, como un “riesgo para la cadena de suministro”, similar a grupos chinos o rusos, y presionar a sus socios comerciales para que corten vínculos— hizo añicos ese acuerdo tácito.
Hasta las últimas semanas, los gigantes tecnológicos habían optado en gran medida por guardar silencio mientras Trump alteraba sus cadenas de suministro con aranceles, interfería en visas clave de trabajo, intentaba fragmentarlos con litigios antimonopolio y cambiaba de postura sobre las reglas de exportación de chips de IA.
Empresas como Google y Meta donaron a su fondo de investidura o a proyectos asociados y sus directivos acudieron en masa a Mar-a-Lago y a la Casa Blanca.
La mayor confianza de Silicon Valley para alzar la voz también se vio reforzada por la aparente resiliencia del negocio de Anthropic pese a su enfrentamiento con el Pentágono.
El director financiero de la compañía, Krishna Rao, advirtió que el conflicto podría afectar el crecimiento de los ingresos. Sin embargo, los ingresos anualizados de Anthropic —una proyección basada en las últimas cuatro semanas— saltaron de u$s 9.000 millones a fines de 2025 a u$s 19.000 millones a comienzos de este mes, según un inversor, y continúan en esa misma trayectoria.
“El impulso no se ha visto afectado por la pelea con el Pentágono. No ha impactado el negocio”, señaló ese inversor.
Ese ritmo la acerca a su principal rival, OpenAI, que alcanzó los u$s 25.000 millones el mes pasado. Anthropic se negó a comentar sobre su crecimiento.
Un ejecutivo de un laboratorio rival señaló que clientes y socios han premiado a Anthropic por adoptar una postura considerada de seguridad y ética, incluso cuando es el único laboratorio de IA que hasta ahora ha sido utilizado en operaciones militares de Estados Unidos.
Incluso grupos que apoyaban gran parte de la política tecnológica de Trump han salido a respaldar a Anthropic. La Foundation for American Innovation, un think tank cercano a la llamada “tech right” de Silicon Valley, ayudó a organizar un escrito legal en defensa de la start-up.
Fue el primero de este tipo en oponerse a la administración desde un grupo cuyos miembros, incluido Ball, habían colaborado con el gobierno de Trump y promovido su agenda en favor de la IA estadounidense, especialmente frente a China.
Trump ha recorrido el mundo cerrando acuerdos millonarios de IA acompañado de ejecutivos tecnológicos, ha intentado frenar regulaciones estatales del sector y prometido acelerar la construcción de grandes centros de datos.
“Es muy difícil imaginar que la tecnología [de IA] escale, como negocio, como industria, incluso como proyecto científico, si finalmente el poder del Estado puede utilizarse para ‘matar’ a una empresa”, dijo Tim Hwang, asesor general de FAI.
Algunos inversores de capital de riesgo de Anthropic también han intervenido en su nombre durante las negociaciones con el Pentágono, intentando mediar en un acuerdo, según varias personas con conocimiento de las conversaciones.
La designación general contra Anthropic estaba “causando un daño inmediato y sustancial a la industria tecnológica”, escribieron esta semana ante un juez federal varios grupos que representan al sector.
“Cientos, si no miles de empresas, están tratando de interpretar el significado de publicaciones en redes sociales, declaraciones inconsistentes y cambiantes de la administración y directrices vagas”, señalaron las asociaciones tecnológicas.
Empleados de OpenAI y Google, incluido el científico jefe de DeepMind, Jeff Dean, se sumaron a las críticas, advirtiendo que la medida del Pentágono podría “enfriar el debate abierto en nuestro campo sobre los riesgos y beneficios de los sistemas de IA actuales”.
OpenAI, cuyo cofundador Greg Brockman fue el mayor donante individual al Super PAC alineado con Trump, MAGA Inc, también integra el grupo empresarial TechNet, que protestó contra la decisión sobre Anthropic.
Una persona que firmó un escrito en apoyo a Anthropic indicó que su estrategia más amplia es lograr que aliados dentro de la administración Trump frenen al secretario de Defensa, Pete Hegseth.
El Pentágono, sostuvo esa fuente, podría haber simplemente cancelado el contrato con Anthropic, pero fue demasiado lejos al intentar impedir que cualquier empresa que haga negocios con el ejército estadounidense mantenga “cualquier actividad comercial” con la start-up.
Stapp, del Institute for Progress, afirmó que aún existe “mucho desacuerdo” dentro del sector tecnológico sobre quién debe controlar el uso de la IA en áreas como armas autónomas o vigilancia interna.
“Pero lo que sí genera un amplio consenso es que la represalia contra Anthropic fue excesiva e injustificada”.
El enfrentamiento ha llevado incluso a su rival más feroz, OpenAI, a ofrecer respaldo. “No creemos que Anthropic deba ser catalogada como un riesgo para la cadena de suministro y hemos dejado clara nuestra postura al Departamento de Guerra”, indicó la empresa el mes pasado.
Alex Karp, director de la contratista de defensa Palantir —a través de la cual el modelo de Anthropic es utilizado por el Departamento de Defensa—, ha señalado que considera que la tecnología nunca debería usarse para vigilancia doméstica.
Algunas figuras destacadas del sector tecnológico respaldaron a la administración. Palmer Luckey, fundador de la start-up de defensa Anduril, que ha obtenido importantes contratos, afirmó la semana pasada que el Pentágono debería haber sido aún más duro.
El inversor Keith Rabois, cuya firma Khosla Ventures fue una de las primeras en apostar por OpenAI, calificó a Anthropic como un “fraude” durante las negociaciones con el Pentágono. Otros, incluidos socios de Andreessen Horowitz, han criticado a Amodei por intentar dictar cómo un gobierno democráticamente elegido debería utilizar la IA.
Sin embargo, son minoría. En febrero, pocos días antes de que el conflicto se hiciera público, Anthropic recaudó u$s 30.000 millones de al menos 40 inversores, incluidos Microsoft, Nvidia y gigantes de Silicon Valley como Sequoia Capital y Founders Fund de Peter Thiel.
En Washington, representantes de grandes empresas tecnológicas han advertido sobre una pendiente resbaladiza en la que el gobierno podría volverse de repente contra cualquier compañía.
“Si se analiza el sistema de contrataciones públicas de EE.UU., existe un alto nivel de proceso, transparencia y previsibilidad para las empresas”, señaló una persona cercana a líderes del sector. “Eso es lo que diferencia a Estados Unidos de otros países… donde quienes están cerca del poder son los que obtienen los contratos”.