Crisis en Ecuador

Tras la disolución del Congreso, Lasso planea volver a presentarse a elecciones

El Consejo Nacional Electoral tiene siete días para fijar la fecha de las elecciones presidenciales y parlamentarias, que deben celebrarse en un plazo de 90 días.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha dado el paso sin precedentes de activar una cláusula de 'muerte mutua' para disolver el Congreso y convocar elecciones anticipadas tras enfrentarse a acusaciones de destitución.

Las elecciones serán convocadas dentro de los próximos tres meses, Lasso anunció la medida este miércoles en un discurso televisado. Tendrá hasta seis meses para gobernar por decreto hasta que tome posesión una nueva administración.

"Esta es una decisión democrática no sólo porque es constitucional sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano el poder", dijo Lasso. "A partir de hoy, (...) el gobierno nacional expedirá una serie de decretos-ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes".

Qué es la cláusula de 'muerte mutua' que planea activar Lasso para no perder el poder

La medida de Lasso de activar la cláusula conocida como muerte mutua, que figura en la Constitución del país desde 2008 pero que nunca se ha utilizado, se produce en un momento de gran agitación en Ecuador.

Lasso -un exbanquero y uno de los pocos presidentes latinoamericanos pro-mercado- activó la cláusula un día después de comparecer ante el Congreso, controlado por la oposición, para enfrentarse a un juicio político por presunta malversación de fondos, que ya no procederá ahora que el Congreso ha sido disuelto.

El presidente negó con vehemencia las acusaciones, relacionadas con contratos adjudicados en 2018 a la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec, tres años antes de que asumiera el cargo.

En la audiencia, Lasso criticó a los legisladores como "antilegisladores" que buscan "derribar la credibilidad de la presidencia [y] la de la democracia".

Según la Constitución ecuatoriana, el Consejo Nacional Electoral debe fijar en un plazo de siete días la fecha de las elecciones presidenciales y parlamentarias, que deben celebrarse en un plazo de 90 días. Los ganadores completarán los mandatos de Lasso y del Parlamento, que deben terminar en mayo de 2025.

Mireya Pazmiño, que era legisladora hasta la disolución del Congreso y una de las líderes del proceso de destitución, dijo que la medida de Lasso era ilegal. "Vamos a emprender acciones judiciales", dijo.

Crisis en Ecuador: Guillermo Lasso más cerca de la destitución por un caso de corrupción

Algunos legisladores habían planeado ocupar el palacio legislativo en caso de que Lasso activara la cláusula de muerte mutua, aunque el miércoles por la mañana el complejo estaba cerrado y custodiado por policías con equipo antidisturbios. Los líderes militares y policiales emitieron declaraciones el miércoles reconociendo la legitimidad del decreto de Lasso.

Los mercados se inquietaron por el anuncio de Lasso, y el precio de los bonos con vencimiento en 2035 cayó de u$s 0,37 a u$s 0,33, antes de recuperarse a unos u$s 0,35.

La poderosa federación indígena Conaie ha amenazado con reanudar las protestas que paralizaron el país el verano pasado.

Alberto Fernández y Guillermo Lasso van por el premio económico en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022

"Si el gobierno toma decisiones equivocadas y provoca una reacción social... declararemos una movilización nacional", dijo Leonidas Iza, presidente de la Conaie, antes de que Lasso disolviera el Congreso. "Vamos a estar a la expectativa".

La Conaie calificó al gobierno de Lasso de "dictadura" en un comunicado y dijo que un consejo especial tomaría "decisiones colectivas", tras los hechos del miércoles.

El esfuerzo para destituir a Lasso fue liderado por la Unión por la Esperanza (Unes), el partido político liderado por el expresidente Rafael Correa, que gobernó de 2007 a 2017 y ahora vive en Bélgica para evitar la cárcel tras una condena por corrupción.

"Esto es ilegal", dijo Correa en un tuit el miércoles en respuesta al decreto de Lasso. "En todo caso, es la gran oportunidad para mandar a la casa a Lasso, su Gobierno y sus legisladores de alquiler".

Se esperaba una votación sobre la destitución de Lasso el fin de semana, con una supermayoría de 92 votos (de 137) necesarios para asegurar su destitución. La votación para llevar el caso a juicio recibió una mayoría simple de 88 votos de los 116 presentes, pero tras las elecciones internas celebradas el fin de semana, la oposición confiaba en tener los votos para destituir al líder.

Al partido de Correa se unieron en el proceso de destitución el derechista socialcristiano y una facción del partido indígena Pachakutik.

Se espera que Lasso se presente a la próxima votación a pesar de los malos resultados de las encuestas, que en mayo le daban un índice de aprobación de sólo el 13,9%. Es probable que se enfrente a la dura oposición de los aliados de Correa, envalentonados por su éxito en las elecciones locales de febrero.

Lasso ha tenido dificultades para gobernar desde que asumió hace dos años, y se enfrenta a un Congreso hostil. Tampoco ha conseguido contener el aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico, aunque el año pasado recibió elogios por la campaña de vacunación contra Covid y el acuerdo de reestructuración de la deuda con China.

Los analistas ven un pronóstico sombrío para la gobernabilidad en este país de casi 18 millones de habitantes.

"Esto provocará mucha inestabilidad", dijo Sebastián Hurtado, director de la consultora de riesgo político Prófitas, con sede en Quito. "Existe el riesgo de una crisis constitucional en la que no se sabe qué decisión se mantendrá, y las crisis constitucionales en Ecuador suelen resolverse mediante la presión en las calles".

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