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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero planteó la posibilidad de solicitar la nulidad de parte de las actuaciones del caso Plus Ultra si no se acredita qué resolución judicial autorizó el análisis de una serie de conversaciones intervenidas que dieron origen a los indicios en su contra.
En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, la defensa del exdirigente socialista advierte de que, si dicha autorización no existe, las conversaciones “tienen que ser excluidas del procedimiento”, “con las consecuencias procesales que ello conlleva” y ello comprendería, “en su caso, promover un incidente de nulidad”.
El abogado Víctor Moreno Catena se refiere a un disco duro denominado “crucial”, que contiene conversaciones del abogado investigado Miguel Palomero y de otros terceros afectados por los registros efectuados el 24 de octubre de 2024 en el marco de solicitudes de cooperación judicial procedentes de Francia y Suiza.
El origen de las conversaciones bajo sospecha
Según la defensa, esas comunicaciones fueron analizadas posteriormente por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), incorporadas a informes policiales y utilizadas en la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2025.
Además, sostiene que una resolución judicial que derivó el procedimiento a la Audiencia Nacional tomó como referencia un chat denominado “Danilo-España”, al considerar que “podría existir una organización internacional para el blanqueo de posibles delitos cometidos en Venezuela y otros países”.
El letrado argumenta que el material digital fue incautado “con una finalidad determinada y al servicio de procedimientos seguidos en el extranjero”, pero después habría sido empleado en investigaciones españolas diferentes. Por ello, reclama conocer qué resolución judicial autorizó a las fuerzas policiales a analizar esas comunicaciones privadas.
“La eventual irregularidad en el origen se proyecta, por la vía de la prueba refleja, sobre todo el material derivado que se emplee frente a él (Zapatero)”, sostiene el escrito.
Zapatero también cuestiona las pruebas procedentes de Estados Unidos
Paralelamente, la defensa ha recurrido la decisión del juez Calama de no ampliar la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos respecto al contenido del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, principal accionista de Plus Ultra.
Moreno Catena considera que una eventual autorización estadounidense para utilizar ese material no bastaría por sí sola para incorporarlo al proceso español. A su juicio, es necesario conocer en detalle su “génesis, validez, trazabilidad y cadena de custodia”.
El recurso advierte de que mantener en la causa documentación obtenida en el extranjero sin un control judicial completo supone “un riesgo cierto y permanente de vulneración de los derechos fundamentales”.
Escrivá niega gestiones en favor de Plus Ultra
Mientras tanto, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha negado haber abordado asuntos relacionados con Plus Ultra durante una reunión mantenida con Zapatero el 7 de septiembre de 2020.
“Yo quería, a través del señor Zapatero, acceder a toda una parte de la izquierda parlamentaria, y de eso fue mi conversación con el señor Zapatero”, afirmó durante una comparecencia en el Congreso.
Escrivá explicó que el encuentro estuvo vinculado a las negociaciones del Pacto de Toledo sobre pensiones y defendió que la aerolínea cumplía con los requisitos administrativos exigidos para acceder a los mecanismos de apoyo habilitados durante la pandemia.
Además, reivindicó su actuación al frente del Ministerio de Seguridad Social y aseguró que durante su gestión se concedieron cientos de miles de aplazamientos sin que interviniera personalmente en ninguno de ellos.