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El 1 de mayo entró en vigor el pilar comercial del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, creando un mercado de 700 millones de personas con eliminación de más del 90% de los aranceles. Pero la firma no cerró el debate: el Parlamento Europeo consultó al Tribunal de Justicia de la UE sobre la legalidad del mecanismo que permitió la entrada en vigor provisional, y Francia junto a sectores progresistas y de extrema derecha mantienen su oposición.
Después de 25 años de negociación, el acuerdo existe, pero su futuro depende de batallas que todavía no están resueltas.
Para España, el acuerdo tiene una dimensión particular. Las empresas españolas llevan décadas con presencia consolidada en América Latina (banca, energía, telecomunicaciones, infraestructura) y el Mercosur concentra algunos de sus mercados más relevantes.
El acuerdo reconoce además 59 indicaciones geográficas españolas, entre ellas el Jerez, el Cava, el Rioja, el Ribera del Duero, el Jamón de Jabugo y Guijuelo, y aceites de oliva de denominación de origen como Priego de Córdoba y Baena.
Para el sector agroalimentario español exportador, es una victoria concreta. Para el sector ganadero, la apertura al Mercosur genera inquietud, aunque los plazos de desgravación y las salvaguardas incorporadas al texto están diseñados, en parte, para contener esa presión.
¿Qué cambia tras el acuerdo UE-Mercosur?
Para Lara Goyburu, politóloga y directora ejecutiva de la consultora argentina Management & Fit, el impacto más profundo no está en los aranceles sino institucional: “Pasar de una relación regida por decisiones discrecionales a una con un marco pactado de reglas comerciales”. Esa previsibilidad, argumenta, es lo que primero modifica el comportamiento empresarial, antes incluso de que cambien los flujos de comercio efectivos. Y hay un beneficio concreto que el debate público suele ignorar: el acuerdo abre 300.000 millones de euros en licitaciones públicas del Mercosur a empresas europeas.
“Para empresas de infraestructura, energía o servicios, eso podría ser tan relevante como la baja arancelaria”, señala Goyburu. Para las grandes empresas españolas con presencia regional (Iberdrola, Acciona, Sacyr, Ferrovial, Telefónica) ese mercado de contratación pública es un terreno conocido que ahora tendrá reglas más estables.
Carlos Villota, politólogo español radicado en Bruselas y Managing Director de EU Affairs en H/Advisors, sitúa el acuerdo en el marco más amplio de la política comercial europea: “Aunque la Comisión Europea lo presenta como un acuerdo eminentemente comercial, su verdadera dimensión es política. El impacto económico agregado será relativamente moderado. Son cifras importantes, pero probablemente insuficientes para explicar por sí solas más de dos décadas de negociación”.
Lo que sí explica el impulso final, dice Villota, es el nuevo contexto geopolítico: la diversificación de cadenas de suministro, el acceso a materias primas estratégicas y el fortalecimiento de alianzas en un entorno internacional cada vez más competitivo.
Javier Pertierra Antón, abogado español especialista en TICs y director para la UE de Prensa Mercosur, amplía esa lectura con una perspectiva de fondo: “Lo que ha cambiado radicalmente ahora no es la letra del acuerdo, que es esencialmente la de 2019, sino el panorama geopolítico global. Hace dos décadas, el acuerdo era una cuestión de aranceles y cuotas de carne. Hoy es una cuestión de seguridad económica y autonomía estratégica”.
Para Pertierra, el acuerdo es síntoma de algo mayor: “Estamos ante un cambio de paradigma, de cosmovisión. No es una era de cambios, es un cambio de era. Por primera vez en años, los Estados nación, salvo algunos con suficiente masa crítica institucional y de población, son obsolescentes si no se agrupan y comparten soberanía”.
El nudo político: por qué tardó 25 años
Villota apunta al error de origen que explica el retraso histórico: “El principal problema fue intentar gestionar el acuerdo como una negociación puramente técnica cuando en realidad siempre fue profundamente política”.
La UE debió equilibrar simultáneamente intereses industriales alemanes, sensibilidades agrícolas francesas, exigencias medioambientales nórdicas y debates sobre competencia en Europa del Este, sin el consenso político necesario para gestionar los sectores más expuestos a la apertura..
Ese déficit político se mantiene visible hoy. La oposición interna europea, advierte Villota, ya no se reduce al lobby agrícola de siempre: “Ya no viene únicamente del proteccionismo agrícola tradicional, sino también de parte del espectro político progresista europeo”, que cuestiona el impacto del acuerdo sobre estándares climáticos y laborales.
En España, esa tensión tiene traducción directa: mientras el sector exportador agroalimentario y las grandes corporaciones con presencia en el Mercosur ven el acuerdo con optimismo, las organizaciones agrarias temen la competencia de carne y productos sudamericanos con menores costes de producción.
Para contener esa presión, el texto incorpora mecanismos de salvaguarda que permiten suspender temporalmente las preferencias arancelarias si las importaciones de productos alimentarios (vacuno, pollo, huevos, cítricos, azúcar) aumentan un 5% sobre la media de tres años y los precios caen simultáneamente un 5% por debajo del nivel europeo.
Pertierra explica la lógica detrás de esa herramienta: “Tienen una doble naturaleza. Jurídicamente, son mecanismos de protección comercial. Sin embargo, en el caso de la UE, funcionan como una concesión política a determinadas quejas. Su mayor utilidad puede ser facilitar el camino hacia la ratificación legislativa, calmando las aguas en los sectores más sensibles”.
La Comisión Europea se comprometió además a reforzar los controles fitosanitarios en frontera para garantizar que los alimentos importados del Mercosur cumplen con las normas europeas (una exigencia directamente vinculada a las llamadas cláusulas espejo), que buscan igualar las condiciones de producción entre ambos bloques. Pertierra Antón señala que ese es precisamente el punto más delicado de la implementación: “El debate actual se centra en que las sanciones por incumplimiento ambiental sean tan efectivas como las comerciales”.
Desde el Mercosur, el sector privado ya salió a marcar su propia línea. Ricardo dos Santos, presidente pro tempore del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur, advirtió esta semana en Asunción que su organización actuará como monitor para exigir que las nuevas exigencias ambientales europeas (en particular el Reglamento de Deforestación EUDR que entra en aplicación en diciembre) no sean utilizadas como “barreras paraarancelarias encubiertas, destinadas a proteger de forma injusta a los sectores agrícolas tradicionales.”
España: entre la oportunidad exportadora y la presión del campo
Para las empresas españolas, el acuerdo abre un escenario de doble velocidad. Por un lado, sectores como el automotríz, la maquinaria, los servicios financieros, la energía y las infraestructuras tienen ante sí un acceso preferencial a mercados donde ya cuentan con presencia e historia. El arancel del 35% que hoy grava los vehículos europeos en el Mercosur desaparecerá progresivamente en 15 años para los de combustión y en 18 para los eléctricos. El de maquinaria, actualmente del 20%, se eliminará en un máximo de 15 años.
Por otro lado, el sector vitivinícola español obtiene uno de los beneficios más visibles e inmediatos: el arancel del 27% sobre el vino se eliminará completamente en ocho años, y los vinos espumosos de gama alta quedan liberalizados desde ya.
Las 59 indicaciones geográficas españolas reconocidas en el acuerdo (que incluyen denominaciones de aceite de oliva como Priego de Córdoba, Baena, Les Garrigues y Siurana, además de embutidos como la Sobrasada de Mallorca) representan una protección jurídica en mercados donde la competencia desleal por imitación de denominaciones ha sido históricamente un problema.
Así, la pregunta que deja abierta Goyburu resume el desafío que tienen por delante ambos bloques: “¿El sistema político tiene la capacidad de aprovechar ese capital de legitimidad antes de que lo consuma la distancia entre el discurso de apertura y los resultados económicos concretos que la sociedad todavía espera?”
