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El PP y Vox han firmado un acuerdo de gobierno en Castilla y León que incorpora el concepto de “prioridad nacional” como criterio inspirador para el reparto de ayudas públicas. El pacto, presentado por el presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, y el futuro vicepresidente primero, Carlos Pollán, marca las bases del próximo Ejecutivo autonómico.
El documento también incluye un endurecimiento de la política migratoria, el rechazo a la acogida de más menores extranjeros no acompañados, la recuperación de una ley de concordia y una reducción de las subvenciones a sindicatos y otras entidades. Además, define el reparto de competencias entre ambas formaciones en el nuevo gobierno regional.
La “prioridad nacional” para acceder a ayudas públicas
El acuerdo establece que la denominada “prioridad nacional” actuará como “criterio inspirador” para la concesión de ayudas públicas en Castilla y León. Mañueco explicó que este concepto, impulsado por Vox, se aplicará siempre dentro del ordenamiento jurídico y del marco legal vigente.
Según defendió el presidente en funciones, se trata de una “asignación prioritaria” de ayudas a personas con un “arraigo real y verificable”. Por su parte, Vox sostiene que las ayudas de vivienda y otras prestaciones sociales deberán dirigirse a quienes tengan arraigo en la comunidad.
En este sentido, el acuerdo sigue el modelo aplicado en Aragón y contempla como referencia la acreditación de años de empadronamiento en España, con menciones a 10 años para la compra de vivienda y 5 años para el alquiler.
Rechazo a más menores extranjeros y ley de concordia
Uno de los puntos centrales del pacto es el endurecimiento de la política migratoria. El texto recoge expresamente el enunciado: “No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)”.
Mañueco justificó esta posición al asegurar que Castilla y León ya se encuentra por encima de su capacidad de acogida. Según indicó, la comunidad dispone de 130 plazas y actualmente atiende a 186 menores no acompañados. Tanto PP como Vox manifestaron su rechazo a la actual política migratoria del Gobierno central.
El acuerdo también contempla retomar la tramitación de una ley de concordia. Ambas formaciones se comprometen a aprobar antes de junio de 2027 una proposición de ley impulsada por los grupos parlamentarios de PP y Vox en las Cortes de Castilla y León.
Menos subvenciones y reparto de competencias en el nuevo Gobierno
Otra de las medidas incluidas en el acuerdo es la reducción del 50% de las subvenciones destinadas a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública a partir del primer presupuesto que se apruebe en 2027.
En cuanto a la estructura del Ejecutivo, el futuro Gobierno contará con dos vicepresidencias. Vox asumirá la Vicepresidencia Primera, asociada a una consejería aún por concretar, mientras que el PP gestionará la Vicepresidencia Segunda, con competencias en Vivienda, Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil.
Reparto de consejerías y competencias
PP
- Presidencia de la Junta de Castilla y León.
- Vicepresidencia Segunda. Sin consejería propia, pero con competencias en Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección civil.
- Consejería de la Presidencia.
- Economía y Hacienda.
- Industria, Universidades, Empleo y Comercio.
- Medio Ambiente y Energía.
- Movilidad, Transformación Digital y Inteligencia Artificial.
- Sanidad y Bienestar Social.
- Educación.
Vox
- Vicepresidencia Primera. Llevará asociada una consejería, aún sin concretar.
- Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. Con competencias en Inmigración, Juventud y Cooperación al desarrollo.
- Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental. Incluye competencias en Caza, Pesca y Política Ambiental, pero no gestión de incendios.
- Cultura, Turismo y Deporte.
