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La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) ha abierto una investigación por un posible fraude en la compra de pulseras antimaltrato en España, financiadas con fondos comunitarios. La investigación incluye diligencias en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas para recabar documentación sobre la adquisición de los dispositivos de vigilancia electrónica.
La noticia ha provocado reacciones de distintos partidos políticos. Mientras el PP ha exigido explicaciones al Gobierno y ha cuestionado el destino del dinero público, representantes de la izquierda han respaldado que se investiguen las posibles irregularidades, aunque han expresado sus dudas sobre el momento elegido, a dos semanas de las elecciones, informó este jueves la agencia de noticias EFE.
La Fiscalía Europea investiga un posible fraude con fondos comunitarios en las pulseras antimaltrato
La Fiscalía Europea ha iniciado una investigación sobre un posible fraude relacionado con los fondos de la Unión Europea destinados a adquirir brazaletes de vigilancia electrónica. Estos dispositivos se utilizan para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y las órdenes de alejamiento impuestas en casos de violencia machista.
En un comunicado, el organismo europeo ha confirmado las actuaciones realizadas en España: “Hoy, la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) en Madrid (España), está llevando a cabo diligencias de investigación en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas de España. Esto se produce tras la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta a los fondos de la UE destinados a la adquisición de brazaletes de vigilancia electrónica”.
Las diligencias buscan recabar información sobre la contratación y el uso de los fondos comunitarios. Por el momento, la investigación se centra en determinar si existieron irregularidades en la adquisición de los dispositivos.
El Gobierno afirma sentir “absoluta tranquilidad porque todo está justificado”
La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia y Universidad, Diana Morant, ha defendido la actuación del Ejecutivo y ha asegurado que existe “absoluta tranquilidad” ante la investigación europea. Preguntada por las diligencias, ha sostenido que “todo se ha justificado, no solamente el gasto, todo el contrato, toda la trazabilidad, y la Comisión Europea nos ha transferido el dinero”.
La ministra también ha lamentado que la atención se haya centrado en la investigación en lugar de en las medidas de protección contra la violencia de género que prepara el Ministerio de Igualdad.
“No era el día” para que el titular fuera “que la UCO ha entrado a buscar documentación, en vez de ser que seguimos defendiendo a las mujeres de esa violencia que no deberían sufrir”, ha manifestado. Por último, Morant ha reivindicado las políticas públicas de protección a las víctimas y ha asegurado que España ha conseguido convertir la violencia contra las mujeres en “un asunto de Estado”.
El PP exige explicaciones al Gobierno: “¿Qué más les queda por trincar?”
La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado contra el PSOE tras conocerse la investigación de la Fiscalía Europea. “¿Qué más les queda por trincar?”, ha preguntado, al relacionar el caso de las pulseras antimaltrato con otras investigaciones sobre presuntas irregularidades.
“La corrupción sistémica a la que el PSOE ha sometido a España sigue dando sus frutos”, ha afirmado Muñoz en la Cámara. También ha reclamado explicaciones sobre el destino de los fondos públicos y ha mencionado las mascarillas adquiridas durante la pandemia y los contratos de Adif y Renfe.
La portavoz popular ha advertido que su partido auditará “hasta el último euro” si llega al Gobierno. Además, ha criticado que el PSOE continúe “sin dar explicaciones” sobre la documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado en el Tribunal de Cuentas en relación con las donaciones al partido.
La izquierda respalda la investigación, pero cuestiona que llegue antes de las elecciones
Los partidos situados a la izquierda del PSOE han coincidido en que las posibles irregularidades deben investigarse, aunque han expresado sus dudas sobre el momento en que se han iniciado las actuaciones. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido “que se investigue hasta el final” y ha valorado positivamente que exista “una autoridad supranacional que investigue todo esto”.
Por su parte, el diputado del BNG, Néstor Rego, ha defendido que cualquier irregularidad en la Administración pública debe ser investigada. Sin embargo, ha considerado “sorprendente” la coincidencia temporal de las diligencias y ha señalado que “los momentos que se escogen para investigar no siempre son inocentes”.
En la misma línea, el líder del PCE y diputado de IU, Enrique Santiago, ha acusado a determinados organismos del Estado de intervenir políticamente. En su opinión, estas actuaciones buscan “hacer la campaña a la derecha”.
El diputado también ha recordado que, según su interpretación, durante los periodos electorales existía una tradición democrática por la que los tribunales “se abstenían de realizar cualquier tipo de actividad que pudiera interpretarse como una injerencia electoral”.