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La figura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a estar en el centro del debate político, esta vez desde el plano simbólico. Las tensiones entre bloques ideológicos se han trasladado a los plenos municipales, donde emergen mociones polémicas que, si bien carecen de consecuencias jurídicas, generan fuerte repercusión pública.
Una de las más recientes ha sido la declaración de Sánchez como “persona non grata” por parte del Ayuntamiento de Palma y Albacete, una decisión que ha desatado críticas tanto por su forma como por su fondo. Aunque estas acciones no tienen efectos legales, se han convertido en instrumentos de presión política y mediática con un alto contenido simbólico.
Qué significa declarar a alguien “persona non grata”
En términos legales, la figura de “persona non grata” está reservada al ámbito diplomático internacional, permitiendo a los Estados rechazar a representantes extranjeros. Sin embargo, en el contexto español, su aplicación a ciudadanos, ncluidos cargos públicos, no tiene validez jurídica.
Tal como recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los ayuntamientos no tienen competencias para hacer este tipo de declaraciones, por lo que cualquier moción aprobada en ese sentido es meramente simbólica.
En Albacete, por ejemplo, la moción fue impulsada por José Ramón Conesa, concejal no adscrito, y respaldada por PP y Vox. Se trató de una respuesta directa al rumbo político del Ejecutivo central.
Durante el pleno, se vertieron expresiones como que el presidente había pactado “con los asesinos” o que representa “una emergencia nacional”, en palabras de la concejala popular Rosa María González de la Aleja.
Estas acciones buscan escenificar una postura de rechazo político, pero no limitan el acceso del presidente a ninguna ciudad ni afectan su ejercicio institucional. Es, en esencia, un gesto político de alto impacto mediático pero sin efecto administrativo.
Reacciones del PSOE: “Es una iniciativa ilegal y un ataque a la democracia”
El PSOE ha respondido con firmeza a estas mociones. En el caso de Palma, los socialistas calificaron la medida como “indigna”, “ilegal” y alineada con el discurso de la ultraderecha”. En un comunicado dirigido al alcalde de la ciudad, Jaime Martínez, solicitaron la retirada inmediata del punto del orden del día que proponía esta declaración.
“El presidente ha sido elegido legítimamente en el Congreso de los Diputados, y su autoridad no puede ser cuestionada por este tipo de acciones políticas de baja calidad democrática”, señaló Iago Negueruela, secretario general del PSOE en Palma. Además, recordó que la ciudadanía exige soluciones a problemas reales como el acceso a la vivienda, no debates estériles cargados de confrontación ideológica.
Por su parte, Unidas Podemos también expresó su rechazo. En el caso de Albacete, su concejala María Nieves Navarro reprochó al proponente de la moción su pasado de “apología del franquismo” y consideró el gesto una maniobra “antidemocrática” que solo alimenta la crispación.
El uso político de declaraciones simbólicas como tendencia en alza
Más allá de la controversia puntual, este tipo de mociones evidencian una tendencia creciente: el uso de declaraciones simbólicas como arma política en el ámbito municipal. En un contexto de elevada polarización, los gobiernos locales, con mayoría afín a una u otra ideología, adoptan medidas sin peso legal, pero con fuerte carga comunicativa.
Este fenómeno “refuerza mensajes de partido y traslada conflictos nacionales al ámbito local”. Se trata de una estrategia que no impone sanciones ni limita derechos, pero marca posiciones ideológicas claras, especialmente de cara a su electorado.
Con estas acciones, los plenos municipales corren el riesgo de convertirse en escenarios de representación partidista más que en espacios de gestión vecinal. El caso de Pedro Sánchez podría sentar un precedente que otras ciudades imiten, multiplicando gestos de censura institucional sin implicaciones legales, pero con evidente impacto político.
