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El Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado este miércoles 14 de octubre que aplica con la “máxima diligencia” las medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre la ley de nietos, aunque ha advertido de las dificultades que supondrá su puesta en marcha a pocas semanas de las elecciones.
Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares han señalado que se cumple en todo momento con la legalidad vigente y que se están aplicando las medidas cautelares dictadas por el Supremo.
No obstante, añaden, su implementación “resulta muy compleja” para muchos consulados, y los plazos fijados para presentar alegaciones provocarán situaciones “paradójicas”, como la de españoles que votaron en 2023 o en las elecciones autonómicas de los últimos meses y que probablemente no puedan hacerlo el 29 de noviembre.
El Supremo mantiene sin voto a más de 163.000 nacionalizados
El Tribunal Supremo decidió el pasado lunes mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos. La decisión afecta a 163.020 personas, que no podrán votar el próximo 29 de noviembre salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados.
En su escrito, el alto tribunal establece una excepción: la suspensión “no regirá” cuando los responsables de los consulados certifiquen que, a 1 de agosto de 2026, esas personas obtuvieron la nacionalidad acreditando documentalmente ser hijos o nietos de represaliados “por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual”, tal como establece la ley de nietos y no la instrucción posterior que la desarrolla.
El tribunal rechazó el recurso de la Abogacía del Estado
La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestimó el recurso de la Abogacía del Estado, respaldado por la Fiscalía, con el voto particular de la magistrada Alicia Millán. Ambos habían pedido que se permitiera votar a los afectados ante la “imposibilidad material” de revisar los casi 170.000 expedientes en juego. La medida cautelar, dictada el 10 de septiembre, responde a los recursos de Iustitia Europa y Vox.
Para los magistrados, preservar la pureza del proceso electoral debe prevalecer sobre el derecho de sufragio de los afectados. Además, reprocharon a la Administración que, un mes después de la suspensión, el cumplimiento de sus órdenes sea “inexistente”.
La instrucción de Justicia, en el centro de la polémica
La ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática de octubre de 2022, permite obtener la nacionalidad a hijos y nietos de españoles de origen nacidos fuera de España cuyos padres o abuelos sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.
Una semana después de su aprobación, el Gobierno aprobó una instrucción que presumía la condición de exiliado de todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955. Son los nacionalizados por esta vía los que cuestiona el Supremo.
Las vías para recuperar el voto antes del 29N
Los afectados pueden pedir al consulado el certificado que exige el Supremo, aunque sin aportar nueva documentación, o personarse ante el tribunal y presentar alegaciones en un plazo de cinco días hábiles desde la publicación de los autos en el BOE, una opción costosa porque requiere abogado y procurador. Un recurso ante el Tribunal Constitucional, en cambio, no sería admisible mientras no se agote la vía ordinaria.
El margen es estrecho: el plazo de reclamaciones al censo termina el 23 de octubre y, a partir de entonces, será inamovible. Fuentes jurídicas consultadas por EFE consideran casi imposible que los consulados completen las certificaciones a tiempo.
Con información de EFE-.