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La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, solicitó este viernes la suspensión del procedimiento judicial en su contra hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos que aún están pendientes.
Según argumenta, esta medida es necesaria para evitar posibles situaciones de indefensión y asegurar que el proceso se desarrolle con todas las garantías legales.
Recurso contra la decisión del juez
De acuerdo con fuentes de la defensa, Gómez presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto dictado por el juez Juan Carlos Peinado, mediante el cual se rechazó la práctica de diversas pruebas solicitadas antes de decidir sobre la apertura del juicio oral.
Los abogados de Gómez consideran que la decisión de Peinado «limita el derecho de defensa», por lo que insisten en que el procedimiento debe continuar únicamente cuando se hayan respetado plenamente todas las garantías procesales.
Petición de nuevas declaraciones
Entre las diligencias solicitadas, la defensa reclama la declaración de José Manuel Ruano, codirector de la Cátedra Extraordinaria de la Universidad Complutense. Lo señala como una de las personas con «mayor conocimiento directo de los hechos investigados y que, sorprendentemente, nunca ha sido llamada a declarar».
Asimismo, solicita la ratificación de tres informes periciales ya incorporados a la causa, al entender que resultan «imprescindibles» para evaluar adecuadamente los hechos antes de adoptar una decisión sobre la apertura del juicio oral.
¿Qué dicen los informes?
Los informes en cuestión abordan aspectos considerados clave por la defensa. Uno de ellos cuestiona la existencia de un supuesto perjuicio económico para la Universidad, sosteniendo que esta es «la que sale beneficiada».
Otro «avala la legalidad del personal de apoyo de Begoña Gómez, poniendo sobre un espejo la cantidad de personal que tuvo Ana Botella o Elvira Fernández»». El tercero rebate la interpretación realizada en torno a la Cátedra Extraordinaria.
Finalmente, el recurso sostiene que «impedir» la práctica de estas pruebas «limita el derecho de defensa y rompe el principio de igualdad de armas entre las partes», por lo que solicita que sean admitidas antes de que se adopten nuevas decisiones en el procedimiento.
