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Begoña Gómez se presentó este miércoles por la tarde en el juzgado madrileño y realizó la entrega del documento de viaje ante el letrado de la Administración de Justicia.
Durante la comparecencia también recibió la notificación formal de la apertura de juicio oral en la causa que se investiga desde abril de 2024.
La diligencia se desarrolló con rapidez. Gómez ingresó al edificio judicial a las 17:51 y abandonó las instalaciones a las 18:08 por el acceso al garaje, un procedimiento habitual en sus comparecencias por razones de seguridad. Su abogado, Antonio Camacho, evitó realizar declaraciones extensas y se limitó a señalar que todo había transcurrido “bien”.
¿Qué medidas cautelares dispuso el juez?
La retirada del pasaporte forma parte de un conjunto de restricciones dictadas por el juez Peinado el pasado sábado. Además de impedirle abandonar España, el magistrado ordenó que Gómez deba presentarse periódicamente ante la Justicia cada quince días.
Las mismas medidas alcanzaron a Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno, quien ya había entregado su pasaporte el martes. Las defensas de ambas recurrieron la decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid al considerar que las restricciones son desproporcionadas y que no existe riesgo real de fuga.
El argumento central del juez para justificar las cautelares fue la posibilidad de que las investigadas pudieran abandonar el país. Incluso sostuvo que podrían contar con colaboración de escoltas policiales, una afirmación que generó fuertes críticas desde sindicatos de la Policía Nacional y desde el Ministerio del Interior.
¿Cómo llega la causa a esta instancia judicial?
La investigación se inició hace más de dos años y se encuentra prácticamente cerrada, aunque todavía quedan pendientes diversos recursos presentados por las defensas y por la Fiscalía. El Ministerio Público mantiene desde el inicio del procedimiento que no existen indicios suficientes de delito y se opone a la apertura de juicio oral.
El juez Peinado propone que el caso sea juzgado por un jurado popular y atribuye a Gómez presuntos delitos vinculados con la actividad de una cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid y con el desarrollo y patrocinio de un software asociado a ese proyecto académico.
Además, la causa analiza si la esposa del presidente pudo influir en favor del empresario Juan Carlos Barrabés en procedimientos de contratación pública y examina las funciones desempeñadas por su asesora personal, cuyo salario se financia con fondos públicos. Barrabés también fue incluido en la apertura de juicio oral por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias.
La actuación del magistrado generó una nueva controversia institucional después de que el Consejo General del Poder Judicial ordenara evaluar si algunas de sus manifestaciones sobre los escoltas policiales podrían constituir una falta disciplinaria grave.
Mientras tanto, la resolución definitiva sobre varios recursos pendientes quedará en manos de la Audiencia Provincial de Madrid.
