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El juez Juan Carlos Peinado decidió enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y establecer una serie de medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial.

Entre las disposiciones adoptadas se encuentran la retirada de su pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de presentarse cada quince días ante el juzgado, según EFE.

La resolución fue dada a conocer mediante un auto difundido este sábado, después de la audiencia preliminar que tuvo lugar el pasado lunes. Durante esa instancia, las acusaciones populares reclamaron la adopción de medidas cautelares al considerar que existía riesgo de fuga por parte de la acusada.

Los delitos por los que será juzgada Begoña Gómez

Según la decisión del magistrado, Begoña Gómez deberá afrontar juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Begoña Gómez irá a juicio por orden del juez Peinado: le retiraron el pasaporte
Begoña Gómez irá a juicio por orden del juez Peinado: le retiraron el pasaporteEFE

La misma resolución también alcanza a Cristina Álvarez, asesora de Gómez, quien ha sido enviada a juicio por los mismos delitos. Asimismo, el empresario Juan Carlos Barrabés deberá comparecer ante la Justicia por presuntas conductas vinculadas al tráfico de influencias y a la corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Peinado advierte sobre un posible riesgo de fuga de la esposa de Pedro Sánchez

Uno de los puntos más llamativos del auto judicial es la fundamentación empleada por Peinado para justificar las medidas cautelares. El magistrado respondió a los argumentos de la defensa de Begoña Gómez, que había señalado que, debido a su condición de esposa del presidente del Gobierno, permanece permanentemente acompañada y protegida por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.

Sin embargo, el juez sostuvo que dicha circunstancia no elimina la posibilidad de una eventual evasión de la justicia.

En ese sentido, dejó asentado en la resolución: “Pero lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

Peinado añadió además que considera “especialmente trascendente” el hecho de que la condición de presidente del Gobierno de Pedro Sánchez sea temporal. Según argumentó, la protección y el acompañamiento proporcionados por los cuerpos de seguridad podrían desaparecer en el futuro, una circunstancia que, a su juicio, podría facilitar aún más una eventual fuga hipotética.