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La negociación sobre un nuevo modelo de financiación autonómica se ha convertido en uno de los focos centrales del escenario político en España. Las tensiones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, sumadas a las demandas particulares de partidos como ERC y JxCat, han puesto sobre la mesa la urgencia de redefinir el sistema vigente desde 2009.
En este contexto, el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha instado a Junts per Catalunya a sumarse a la negociación sin recurrir a “maximalismos”. Paralelamente, el Gobierno ha reiterado su compromiso con un modelo que incluya a todas las comunidades, subrayando que cualquier acuerdo debe surgir del diálogo multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).
Illa pide responsabilidad a JxCat para facilitar el acuerdo
Durante una comparecencia en Barcelona, Salvador Illa manifestó que “lo que toca es mejorar la financiación autonómica desde el realismo y la viabilidad”. En ese sentido, apeló a la responsabilidad de Junts per Catalunya, solicitando que se aparquen las exigencias unilaterales y se trabaje en una solución compartida por el conjunto de territorios.
Illa aseguró que el objetivo del PSC es lograr “una mejora de la financiación que beneficie a todos los catalanes, no solo a los intereses de partido”. Estas declaraciones se producen en medio de las críticas de sectores independentistas que insisten en una “financiación singular” para Cataluña, propuesta que ha sido recibida con recelo en otras comunidades.
El Gobierno insiste en una reforma para todas las autonomías
Desde el Ejecutivo central, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado que se está trabajando en un modelo de financiación que abarque a todas las comunidades autónomas. En sus palabras, “el Gobierno no contempla negociaciones bilaterales al margen del CPFF”.
El Partido Popular también ha intervenido en el debate reclamando que cualquier discusión sobre el modelo deba producirse en el ámbito del Consejo. “La financiación no puede decidirse en despachos cerrados ni ser moneda de cambio en acuerdos políticos con Esquerra Republicana”, advirtió la portavoz del PP, Cuca Gamarra.
Una reforma marcada por intereses divergentes
El modelo vigente, que data de 2009, ha sido objeto de numerosas críticas por parte de gobiernos autonómicos de distinto signo político. La Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía y Cataluña coinciden en que es necesario revisar los criterios de reparto, aunque cada una plantea demandas distintas.
Fuentes del Gobierno han subrayado que el nuevo sistema debe garantizar suficiencia financiera, equidad y corresponsabilidad fiscal, principios que deberán equilibrarse con la diversidad económica y demográfica de los territorios.
El camino hacia un consenso se presenta complejo, especialmente en un contexto de alta fragmentación parlamentaria y presiones territoriales. No obstante, tanto Moncloa como varios ejecutivos autonómicos coinciden en que es necesario avanzar en una reforma que actualice un modelo considerado obsoleto y desigual.
