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El pleno del Senado aprobó este miércoles una moción del Partido Popular que insta al Gobierno a paralizar todas las acciones que puedan causar un daño irreversible a las propiedades del litoral español hasta que el Congreso aborde la reforma de la Ley de Costas. La iniciativa salió adelante con 151 votos a favor, 90 en contra y 16 abstenciones.
La senadora popular Teresa María Belmonte sostuvo que mientras la reforma “siga secuestrada en el Congreso”, debe acordarse una “moratoria urgente de todos los deslindes en curso”.
La reforma a la que alude el PP fue aprobada por el Senado el 12 de marzo de 2024 y buscaba preservar los núcleos costeros tradicionales con “valor etnográfico” y ofrecer “protección jurídica a las decenas de miles de personas que ven amenazadas sus construcciones”.
Por qué el PP pide suspender el anteproyecto europeo sobre costas
El Senado, con mayoría popular, también solicitó la suspensión cautelar de la tramitación del anteproyecto de real decreto que modifica el Reglamento General de Costas para adaptarlo a la normativa europea de concurrencia competitiva.
Para Belmonte, el texto supone un “atropello constitucional” y una “expropiación encubierta”, al permitir revocar concesiones vigentes sin garantizar una indemnización plena a los propietarios, e “impone la inseguridad jurídica” al introducir el silencio administrativo sin cobertura legal.
La moción reclama garantizar una indemnización íntegra que comprenda tanto el “daño emergente como el lucro cesante” derivado de la reducción del periodo concesional, y asegurar la “plena seguridad jurídica” de las concesiones otorgadas y las inversiones realizadas.
El senador socialista José Antonio Valbuena defendió el anteproyecto apelando al “rango normativo superior” de las directivas europeas, y precisó que la ley actual fue puesta en marcha en 2013 por el propio PP sin el apoyo socialista y que, cuando se aplica, lo hace con “garantías legales y jurídicas”.
Qué más exige la resolución del Senado al Ejecutivo
La resolución aprobada pide al Ejecutivo garantizar la “máxima transparencia” en la adopción de la normativa de costas y convocar con “carácter urgente” una conferencia sectorial para estudiar su alcance.
También establece que los criterios técnicos del deslinde del dominio público marítimo-terrestre deben definirse “evitando interpretaciones expansivas basadas en episodios extremos aislados de temporales”.
Qué dice la Ley de Costas y por qué genera tanto conflicto
La Ley de Costas, aprobada en 1988 y reformada en 2013, establece que el dominio público marítimo-terrestre es de titularidad estatal.
Obliga a desarrollar medidas de adaptación al cambio climático ante la subida del nivel del mar y la erosión, e incluye una franja de protección de 100 metros tierra adentro con fuertes limitaciones de uso.
Las viviendas situadas en ese espacio solo pueden mantenerse mediante concesiones de hasta 75 años, lo que elimina la propiedad privada perpetua y genera un conflicto permanente con miles de propietarios del litoral español.
La moción aprobada este miércoles no tiene efectos legislativos directos ni vinculantes, pero supone una presión política significativa sobre el Gobierno en un asunto que afecta a decenas de miles de viviendas en toda la costa española.