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La vivienda se ha convertido en uno de los grandes ejes de la precampaña del 29 de noviembre, y el Gobierno ha decidido reforzar su apuesta en dos frentes a la vez: el legislativo, con la votación de sus decretos en el Congreso, y el de la construcción, con nuevas ayudas para ampliar el parque de alquiler asequible.
En ese sentido, el Ejecutivo prevé llevar a la Diputación Permanente del Congreso los dos decretos de vivienda pendientes de convalidación el próximo 12 de noviembre, el día después de la huelga general y uno antes del inicio de la campaña.
Con esto en agenda, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes 27 de octubre 201 millones de euros para que promotores privados levanten 2500 viviendas en suelo público con alquileres limitados.
Los decretos de vivienda se votarán en la víspera de la campaña
Fuentes del Ejecutivo consideran que el 12 de noviembre es la fecha más probable para someter a votación los dos decretos aprobados el pasado 6 de octubre, una previsión que también comparten fuentes parlamentarias, según compartió la agencia EFE.
El calendario no es casual. Como la campaña electoral arranca al día siguiente, el Gobierno podría, si como todo indica sale adelante al menos uno de los decretos, presumir de su convalidación y mantener la vivienda como un asunto de primer orden en la recta final hacia las urnas.
Los decretos llegan a esta votación tras un primer revés. El pleno del Congreso los rechazó a comienzos de octubre, y el 6 de ese mes, un día después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto electoral, el Consejo de Ministros volvió a aprobarlos con modificaciones.
Esta vez, el Gobierno cuenta en principio con los votos necesarios para convalidar uno de ellos. En la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al pleno cuando las Cortes están disueltas, tiene el respaldo de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, por lo que el voto de Junts no sería decisivo.
Ese decreto establece una prórroga extraordinaria, por anualidades y con un máximo de dos años, de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028, con topes a la subida de las rentas hasta finales de 2027.
También regula el alquiler de temporada y de habitaciones, suspende hasta 2030 los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y prohíbe hasta esa fecha las compras de vivienda por debajo del 70 % de su valor de tasación.
Anuncian 201 millones para construir 2500 viviendas en suelo público
Si los decretos buscan proteger a los inquilinos actuales, la otra pata de la estrategia del Gobierno apunta a aumentar la oferta.
Con ese objetivo, el Ministerio de Vivienda ha puesto en marcha un nuevo modelo de colaboración público-privada a través de la entidad pública Casa 47, que financiará una treintena de proyectos en provincias como Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria o Guadalajara.
Las viviendas se levantarán en suelos ya urbanizados para acelerar los plazos y recibirán una subvención máxima del 60%. Los proyectos que requieran un porcentaje mayor no entrarán en este modelo y se licitarán directamente desde Casa 47.
Alquileres asequibles por hasta 75 años
Para garantizar que estas viviendas sean realmente asequibles, Casa 47 fijará las condiciones de acceso y los precios a través de concesiones de obra pública. Los alquileres serán estables, con una duración de hasta 75 años, y nunca superarán el 30% de los ingresos de quienes las habiten.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha subrayado que estas viviendas serán públicas y asequibles para siempre, y que la idea es contar con el sector privado, pero “no a cualquier precio ni dándole las llaves”.
Este nuevo programa se suma a la actividad de Casa 47, que en menos de un año ha incorporado patrimonio de la Sareb, Defensa e Interior y, según el Ministerio, ya ha activado más de 7000 viviendas en toda España.
Entre la votación de los decretos y la puesta en marcha de nuevas promociones, el Gobierno busca llegar al inicio de la campaña con la vivienda como una de sus principales cartas de cara al 29 de noviembre.
Fuente: EFE-.