

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado al juez Juan Carlos Peinado la gestión del proceso judicial, al considerar que se está desarrollando de forma “anormalmente acelerada”.
Además, sostiene que esta actuación vulnera sus derechos fundamentales al pretender llevarla a juicio sin que se hayan resuelto previamente los recursos presentados.

La defensa de Begoña Gómez exige la resolución de los recursos pendientes
Según recoge un escrito al que ha tenido acceso la agencia EFE, el abogado Antonio Camacho solicita al magistrado instructor que resuelva con urgencia el recurso interpuesto el pasado 25 de marzo contra el auto del 13 de abril, mediante el cual se dio inicio al procedimiento del tribunal del jurado.
En este sentido, Camacho reclama “la pronta resolución del recurso” con el fin de “permitir el debido control de las resoluciones judiciales”.
El letrado argumenta que “la continuación del procedimiento penal sin que el órgano judicial haya resuelto los recursos interpuestos por las partes contra el auto de incoación constituye una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión”. A su juicio, avanzar en el proceso sin despejar las impugnaciones planteadas supone un quebranto grave de las garantías legales.
Asimismo, subraya que el derecho a recurrir “no se satisface con la mera interposición del recurso”, sino que “exige necesariamente una respuesta expresa, motivada y en un plazo razonable por parte del órgano judicial”.
El riesgo para el derecho de la defensa de Begoña
La defensa considera que la falta de una resolución genera una situación de “incertidumbre procesal incompatible con el derecho de defensa”, circunstancia que “adquiere especial gravedad” cuando el procedimiento continúa “avanzando a fases sucesivas sin que se haya depurado previamente la validez o corrección de las resoluciones recurridas”.
Finalmente, Camacho sostiene que este escenario provoca una “indefensión material” para su defendida y consolida situaciones jurídicas “sin el debido control jurisdiccional”, lo que, en su opinión, compromete seriamente las garantías del proceso.












