El caso Begoña Gómez vuelve a situarse en el centro del debate político y judicial en España. La defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado su absolución ante la posibilidad de que la causa acabe en un juicio con jurado popular. Según el escrito de conclusiones provisionales al que tuvo acceso EFE, el abogado Antonio Camacho sostiene que “los hechos expuestos no son constitutivos de delito alguno”. La defensa rechaza así los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida que le imputa el juez Juan Carlos Peinado. El escrito presentado por la defensa tiene carácter provisional, pero fija ya la posición de Gómez ante un eventual juicio. Camacho recuerda que durante todo el proceso sostuvo la misma tesis: lo procedente, según su criterio, sería archivar la causa. En esa línea, el texto pide que, si finalmente hay juicio, la sentencia sea absolutoria. La causa sigue pendiente de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid. El juez Peinado rechazó a comienzos de mayo los recursos que pedían archivar la investigación contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, e insistió en enviarlos a juicio con jurado. La propuesta de juzgar a Gómez por cuatro delitos fue acordada tras el cierre de la fase de instrucción en abril. Uno de los puntos centrales del escrito es el origen de la relación profesional de Gómez con la Universidad Complutense de Madrid. La defensa subraya que esa colaboración empezó en 2012, “momento en el que su cónyuge, D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, no ostentaba responsabilidad pública alguna”. Con ese argumento busca separar su trayectoria universitaria de la posición institucional que Sánchez asumió años después. El documento sostiene que Gómez fue codirectora de estudios sobre fundraising y después codirectora de un máster en Dirección de Fundraising Público y Privado en Organizaciones sin Ánimo de Lucro. También recuerda que dejó su actividad en la empresa Inmark cuando Pedro Sánchez fue nombrado presidente en 2018, “con la finalidad expresa de evitar cualquier conflicto de intereses derivado de la posición institucional de aquel”. La defensa también aborda la cátedra extraordinaria Transformación Social Competitiva, creada en la Universidad Complutense. Según el escrito, Gómez fue nombrada codirectora en 2020 y ese cargo “no conllevaba la percepción de retribución alguna”. Además, afirma que para codirigirla no era necesario tener titulación universitaria y que las aportaciones empresariales vinculadas al software fueron ingresadas en el patrimonio de la UCM. El escrito va más allá de la petición de absolución. La defensa solicita que las acusaciones sean condenadas en costas, incluidas las de Gómez, por haber actuado “con temeridad y mala fe”. Según Camacho, las acusaciones habrían insistido en el procedimiento pese a la “inexistencia absoluta” de indicios y con el objetivo de instrumentalizar la causa “como mecanismo de presión y de generación de daño reputacional”. En el apartado sobre la malversación, la defensa descarta que hubiera perjuicio patrimonial para la Universidad Complutense. Afirma que el software desarrollado en el marco de la cátedra no se finalizó ni llegó a usarse, pero que las cantidades aportadas por empresas quedaron en el patrimonio de la universidad. Por eso sostiene que la UCM “no ha sufrido perjuicio patrimonial alguno”. También rechaza irregularidades relacionadas con Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente. El escrito recuerda que otras esposas de presidentes del Gobierno contaron con asistencia similar y afirma que Álvarez solo remitió de forma ocasional “un número muy limitado de correos para ayudar en momentos puntuales a Dª Begoña”, sin “ningún menoscabo de recursos públicos”. La relación con el empresario Juan Carlos Barrabés es otro eje de la causa. Las acusaciones sostienen que Barrabés habría colaborado con la cátedra de Gómez a cambio de cartas de apoyo para sus proyectos. La defensa niega esa lectura y asegura que el empresario participó en el máster “dando alguna clase”, pero que “no tuvo ninguna intervención ni en la génesis ni en el desarrollo” de la cátedra investigada. El siguiente paso dependerá de la Audiencia Provincial de Madrid, que deberá decidir si confirma la vía del jurado popular o si acepta los recursos que piden cerrar la investigación. Mientras tanto, el caso Begoña Gómez seguirá ocupando un lugar central en la agenda judicial y política, con una defensa que insiste en la absolución y unas acusaciones que buscan llevar el expediente hasta juicio.