Un abogado especializado en el ámbito de la vivienda ha suscitado un intenso debate en las redes sociales al responder a una consulta de un usuario sobre la posibilidad de que un propietario aplique incrementos acumulados en el alquiler, a pesar de no haberlo actualizado durante varios años. El aumento de los precios de los alquileres constituye una preocupación constante en España, donde se ha observado un crecimiento sostenido en los costos en los últimos años. Asimismo, muchos inquilinos carecen de un conocimiento adecuado sobre el funcionamiento de la actualización de la renta y las posibles implicaciones que pueden surgir si la cláusula de revisión no se aplica durante un periodo prolongado. Su explicación advierte sobre un escenario que muchos ignoran y que podría acarrear consecuencias económicas significativas para los arrendatarios. “Si el propietario se olvida de actualizarte el alquiler durante varios años, hasta cinco, te los puede actualizar todos de golpe”, afirmó el abogado Alberto Sánchez, conocido por su labor explicativa de la legislación de vivienda en redes sociales, durante una consulta específica sobre esta situación contractual en un vídeo de TikTok. La clave de esta posibilidad radica en que la actualización del alquiler no se realiza de manera automática ni es obligatoria por ley; su implementación depende de lo estipulado en el contrato. El artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) indica que la renta puede ser revisada anualmente si así se establece de forma explícita en el contrato, así como que el arrendador debe notificar al inquilino con antelación acerca de cada revisión. En términos prácticos, esto implica que, si el contrato contempla una cláusula de actualización, el propietario tiene la facultad de aplicar incrementos basados en índices oficiales. En España, desde el 1 de enero de 2025, el IPC ya no es utilizado como referencia para los contratos más recientes; en su lugar, se aplica el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), que es publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que ha sido diseñado para moderar aumentos desproporcionados. El sistema actual de actualización también contempla límites y referencias que buscan proteger a los inquilinos: el IRAV sustituye al IPC para muchos contratos y suele situarse en torno al 2% anual, según datos oficiales, aunque este porcentaje puede variar mes a mes. Fuentes especializadas explican que, incluso cuando exista una cláusula de actualización, el arrendador no puede reclamar pagos retroactivos de años anteriores que no notificó a tiempo y sólo puede aplicar el incremento desde el mes siguiente a la notificación debida. Estas reglas buscan equilibrar dos intereses opuestos: el derecho a la estabilidad de los inquilinos y la posibilidad de que los propietarios mantengan el valor real de sus rentas en contextos de inflación. Además, si el contrato no contempla una cláusula de actualización de renta, el propietario no puede subir el alquiler durante la vigencia del contrato salvo acuerdo posterior entre las partes, por lo que el precio se mantiene estable mientras dure el arrendamiento.