El Gobierno español ha solicitado a la Comisión Europea la activación de la cláusula de escape para el gasto en defensa, un mecanismo que permite a los países miembros dedicar gasto adicional en seguridad sin que compute a efectos de las reglas fiscales europeas. Lo confirmó este martes el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La adhesión a esta cláusula, a la que ya se han unido otros 17 Estados miembros de la UE, supone que España podrá destinar durante cuatro años un gasto adicional en defensa equivalente al 1,5% del PIB sin que se le abra un expediente por déficit excesivo, siempre que ese exceso sea exclusivamente atribuible al gasto en seguridad y defensa. Hasta ahora, España había descartado acogerse a este mecanismo al entender que no era necesario. La decisión de activarlo llega en un momento en que el informe de progreso del plan fiscal presentado este martes sitúa el aumento del gasto computable de España en un 4,5% en 2025, muy por encima del 3,7% comprometido con Bruselas. Cuerpo explicó que ese desvío se ha producido aun cumpliendo las reglas fiscales, pero solo tras “agotar todos los mecanismos de flexibilidad existentes”, entre los que ahora se incluye la cláusula de escape en defensa. En el gasto computable, hay partidas que se eliminan de forma automática, como el gasto en intereses, y otras que pueden excluirse si así se solicita expresamente, como es el caso del gasto militar. La solicitud llega un día después de que el Centre Delàs de Estudios para la Paz publicara un informe que sitúa el gasto militar de España en 2025 en 39.476 millones de euros, un 35% más que el año anterior. La cifra supera los 33.123 millones anunciados por el Gobierno, que habían sido aprobados por el Consejo de Ministros para cumplir con el compromiso de alcanzar el 2% del PIB en gasto de defensa exigido por la OTAN. El desfase entre las cifras oficiales y las del informe se explica por la metodología. El Centre Delàs incorpora partidas que no figuran en el presupuesto de Defensa pero que considera de naturaleza militar, como investigación y desarrollo, operaciones en el exterior, partidas industriales y costes financieros asociados. Con ese criterio, España habría pasado en un solo año del 0,88% al 2,42% del PIB en gasto militar. El investigador del Centre Delàs Pere Ortega advirtió durante la presentación del informe que el incremento del gasto en defensa implica recortes en otros ministerios que afectarán a servicios públicos como la vivienda, la salud y la educación. En sus palabras, “los líderes europeos se han vuelto locos si pretenden que a través de una economía militarizada recuperemos el pulso económico”. Ortega también cuestionó el discurso oficial del Gobierno sobre la guerra. “El no a la guerra del Gobierno español se convierte en una falacia porque estamos contribuyendo a lo que nos pide la OTAN y la Unión Europea”, afirmó. El informe señala además una “falta de transparencia” sobre la participación de empresas israelíes en programas militares españoles y califica de “ineficaz” el decreto ley aprobado para frenar esas relaciones, ya que el Ministerio de Defensa no ha anulado ninguno de los contratos adjudicados a empresas israelíes, incluidos uno de 700 millones vinculado al sistema SILAM y otro de 200 millones relacionado con el guiado de bombas. Con información de: EFE