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España cerró 2025 con cifras récord de empleo y un crecimiento económico del 2,8%, pero las diferencias entre hombres y mujeres continúan presentes en el mercado laboral. Según los datos de la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE), las mujeres cobraron un 15,74% menos que los hombres en 2023.
En términos absolutos, el salario medio anual femenino se situó en 25.591 euros, frente a los 30.372 euros percibidos por los hombres, lo que supone una diferencia de 4781 euros al año. Casi 5000 euros cada 12 meses.
Aunque la brecha salarial se redujo durante la última década, la desigualdad retributiva sigue siendo una realidad en España. En este contexto, las empresas españolas deberán adaptarse a las obligaciones derivadas de la Directiva (UE) 2023/970 del Parlamento Europeo y del Consejo, una normativa que busca reforzar la igualdad de retribución entre hombres y mujeres mediante mayores exigencias de transparencia salarial y mecanismos de control más estrictos.
La norma introduce nuevas obligaciones para las empresas en materia de contratación, información salarial y evaluación de diferencias retributivas.
Según explica Rosa Lourdes Pérez Roero, gerente de Cerdá Vives - Grupo Inforges, la normativa busca “reforzar la aplicación efectiva del principio de igualdad por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor”. A su juicio, el objetivo es facilitar la detección de posibles discriminaciones salariales y garantizar que las diferencias retributivas respondan exclusivamente a factores objetivos y verificables.
¿Cómo cambiarán los procesos de selección y contratación en España?
Uno de los cambios más visibles afectará a las ofertas de empleo y a las entrevistas laborales. Pérez Roero señala -en diálogo con El Cronista España- que las empresas deberán informar “la retribución inicial o la banda salarial del puesto antes de la contratación”, de manera que las personas candidatas conozcan desde el inicio las condiciones económicas asociadas al puesto.
La especialista suma que las compañías no podrán solicitar información sobre salarios anteriores.
“La negociación salarial deberá apoyarse en criterios objetivos relacionados con el puesto y no en el historial retributivo de la persona candidata”, afirma. Esta medida pretende evitar que desigualdades salariales acumuladas durante la trayectoria profesional continúen reproduciéndose en nuevos empleos, agrega.
¿Qué nuevos derechos tendrán los trabajadores?
La directiva ampliará el acceso de los empleados a la información salarial dentro de las organizaciones. Pérez Roero detalla que los trabajadores podrán solicitar información sobre su nivel retributivo individual y acceder a los niveles salariales medios de quienes desempeñan trabajos iguales o de igual valor, con datos desglosados por sexo.
“El objetivo es que las personas puedan identificar posibles diferencias salariales injustificadas y ejercer sus derechos con mayor información”, sostiene. A continuación, apunta que las empresas deberán informar sobre los procedimientos para ejercer este derecho y responder a las solicitudes con información clara y documentada.
¿Qué desafíos enfrentarán las empresas españolas para cumplir con la normativa?
La adaptación exigirá cambios internos en numerosas organizaciones. De acuerdo con Pérez Roero, las mayores dificultades podrían concentrarse en aquellas empresas que mantienen estructuras salariales poco documentadas, sistemas retributivos basados en negociaciones individuales o diferencias salariales heredadas de prácticas históricas.
La especialista considera que las compañías deberán revisar salarios, complementos, incentivos y criterios de promoción para asegurar que cualquier diferencia retributiva pueda justificarse de forma objetiva.
“Las organizaciones tendrán que pasar de una cultura retributiva basada en la confidencialidad a otra mucho más transparente, objetiva, trazable y jurídicamente defendible”, concluye.
El 7 de junio de 2026 venció el plazo fijado por la Unión Europea para adaptar la Directiva (UE) 2023/970 a las legislaciones nacionales.
La norma representa un nuevo paso en la estrategia comunitaria para reducir las desigualdades salariales y anticipa cambios relevantes en los sistemas de gestión retributiva y en los procesos de contratación de las empresas españolas
