El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición de ley con el propósito de fomentar el alquiler de viviendas a precios razonables. Este conjunto de medidas fiscales incluye 12 disposiciones que abarcan la posibilidad de restringir la adquisición de viviendas por parte de extranjeros no residentes en España, asegurar la “permanencia del parque público” e “incentivar la disminución de precios en los alquileres”, conforme a lo declarado por el partido de Pedro Sánchez. A pesar de que este plan económico persigue tres objetivos primordiales: más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas, los especialistas en real estate del despacho Golden Partners se han manifestado en contra de estas medidas, advirtiendo que el enfoque “excesivamente fiscalista” presenta “numerosos riesgos jurídicos, fiscales y económicos”. “Muchas de las medidas son potencialmente regresivas, generan inseguridad jurídica, desincentivan la inversión exterior en nuestro país y no abordan la raíz estructural del problema: la falta de oferta”, sostiene Ángel Sánchez, abogado y socio del despacho. En relación con el gravamen a viviendas desocupadas, Ángel Sánchez, abogado y socio del despacho, argumenta que identificar la desocupación “requiere inspecciones, padrones y comprobaciones que invaden la privacidad y generan conflictos legales”, lo que hace que esta medida no sea viable ni fácil de implementar desde un punto de vista administrativo. El especialista señala que muchas viviendas vacías se encuentran en esa situación por motivos legítimos, tales como herencias no repartidas, reformas, ocupaciones ilegales o litigios judiciales. Por esta razón, advierte que “gravar sin distinción vulneraría el principio de equidad tributaria”. En la actualidad, dichos inmuebles producen una renta imputada del 1,1% de su valor catastral en la declaración de la renta, o del 2% si el valor no ha sido revisado en un periodo superior a diez años. El nuevo esquema establecería un porcentaje fijo del 1,1% para propiedades cuyo valor catastral no exceda los 100.000 euros. A partir de un valor catastral de 100.000 euros, el porcentaje se incrementaría de forma progresiva: 1,5% hasta alcanzar los 500.000 euros, 2% hasta el millón y 3% para aquellos que posean propiedades vacías valoradas en más de un millón. El estado actual de la vivienda en España está marcado por una combinación de precios en alza, acceso cada vez más limitado y un fuerte enfrentamiento político sobre cómo abordar el problema. En este escenario, la prórroga alquiler España no aparece como una medida aislada, sino como una respuesta puntual dentro de un contexto más amplio de tensión estructural en el mercado. El encarecimiento del alquiler ha intensificado la presión sobre los inquilinos, lo que llevó al Gobierno a plantear medidas como la limitación de subidas y la extensión de contratos. Sin embargo, lejos de generar consenso, estas iniciativas profundizan la división entre quienes defienden la intervención del Estado y quienes consideran que estas políticas distorsionan el mercado. La reciente votación en el Congreso dejó en evidencia esa fractura. La caída de la prórroga alquiler España no solo implica el rechazo a un decreto concreto, sino que refleja dos visiones opuestas: por un lado, quienes buscan proteger al inquilino con regulación directa y, por otro, quienes apuestan por liberalizar el mercado para aumentar la oferta.