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El 30 de enero de 2025, el Tribunal Constitucional publicó una sentencia que marca un antes y un después en la regulación del alquiler en España. El fallo respalda el uso de topes de renta en zonas tensionadas y abre la puerta a intervenciones más precisas en lugares donde los precios se han vuelto difíciles de asumir. La medida no fija un precio nacional, pero permite limitar aumentos cuando el mercado local está desequilibrado.
Estas restricciones se basan en índices de referencia objetivos que reflejan valores reales del mercado. El tribunal considera que el sistema es constitucional, razonable y compatible con el derecho de propiedad.
El Constitucional confirma que se podrán limitar los alquileres en zonas tensionadas
Con su decisión, el Tribunal Constitucional refuerza la aplicación de límites al alquiler en áreas con fuerte presión de demanda. Las administraciones podrán declarar zonas de mercado tensionado y aplicar topes calculados según índices oficiales. El objetivo es moderar subidas abruptas sin intervenir en zonas donde el mercado funciona con normalidad.
La sentencia estima parcialmente el recurso del Partido Popular y anula dos disposiciones de carácter procesal. Entre ellas, la obligación de que el demandante acredite su condición de gran tenedor para iniciar ciertos procedimientos. El tribunal entiende que este requisito no era proporcionado. Lo esencial de la ley se mantiene intacto.
El Constitucional aclara además que estos límites son temporales y están diseñados para equilibrar el mercado sin imponer precios irreales.
Qué medidas se mantienen y cómo afecta la sentencia a propietarios e inquilinos
La resolución, redactada por la magistrada María Luisa Segoviano, señala que los topes de precio cumplen un fin de interés general. También subraya que la intervención busca proteger el acceso a la vivienda sin impedir la rentabilidad de los arrendamientos. En la práctica, los precios seguirán siendo libres en la mayor parte del país, pero podrán regularse cuando los alquileres se vuelven inaccesibles.
El Tribunal Constitucional también revisa la regulación de los desalojos. Elimina la obligación de que los grandes tenedores acrediten la vulnerabilidad económica del inquilino en la fase de admisión de la demanda. Aun así, se mantienen medidas destinadas a mejorar la transparencia y la información previa en los contratos de arrendamiento.
Un marco legal reforzado para frenar las subidas de renta
El tribunal recuerda que parte del recurso ya había quedado resuelto tras un fallo previo relacionado con la Junta de Andalucía, por lo que muchos argumentos repetidos fueron descartados.
Con la sentencia del 30 de enero de 2025, la capacidad para limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas queda firmemente respaldada. Esto permitirá a las comunidades intervenir cuando los precios se alejan del valor razonable y afectan la accesibilidad a la vivienda.
