Polémica por la Ley solo sí es sí: cuál es el problema de la cuestionada norma

La Ley de Garantía de la Libertad Sexual (conocida como ley del solo sí es sí) no ha dejado de cosechar polémicas. Se trata de una norma que elimina la distinción entre abuso y agresión, regula la necesidad del consentimiento expreso y tipifica el acoso callejero. Fue aprobada por 205 votos a favor.

Sin embargo, la revisión de penas por delitos sexuales bajo la aplicación de la nueva Ley "solo sí es sí" ha tenido resultados no esperados. El número de condenados que se han visto beneficiados asciende al menos a 46, entre revisiones de condena a la baja (42) y sentencias posteriores en aplicación de la norma (4). Un total de 12 personas han sido excarceladas.

Qué se le cuestiona a la Ley solo sí es sí

El problema, según señalan quienes la cuestionan, se centra en la fusión del delito de abuso sexual dentro de la agresión sexual. La agresión sexual básica pasaría a ser de entre uno y cuatro años de cárcel, mientras que antes era hasta cinco; y el delito de agresión sexual con penetración se castiga con entre cuatro y 12 años, cuando con la anterior lectura el mínimo era de seis años.

A esto se suman otros cambios como el que castiga las conductas agravantes [artículo 180] que fue impuesto a los violadores de "La Manada". Ahora la pena va de entre siete a 15 años de prisión, cuando antes iba de 12 a 15.

El Supremo insiste en revisar caso por caso

En el fallo, los magistrados han incidido en que la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual "podrá aplicarse en beneficio del reo cuando se fije ahora pena inferior en aquellos supuestos en los que así proceda". Han matizado, sin embargo, que deberá hacerse "analizando caso por caso, y no de forma global, tanto en asuntos pendientes de juicio, recursos de apelación y casación y en ejecutorias penales".

Esto contrasta con el criterio marcado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para que no se modificarán penas cuando puedan ser impuestas con el nuevo marco penal, un criterio que evitaría una rebaja "automática" de condenas.

La nueva ley ha provocado que, en muchos casos, el delito de agresión sexual absorba al de abuso sexual, lo que significa que un delito que hasta ahora recogía una conducta más grave incorpore una de menor gravedad, por lo que la horquilla penal también se ha ampliado para abarcar todo el abanico de comportamientos penados ahora como agresión sexual.

Hasta ahora, la mayor cantidad de revisiones consta en los tribunales de Madrid, donde se han rebajado 20 condenas de abusos y/o agresiones sexuales. Además, se han dictado 7 excarcelaciones, aunque una no se ha materializado porque el condenado tiene otras condenas pendientes.

Entre los casos de reducción de condena que consta también que la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha rebajado de 10 a 9 años la condena al autor de un delito de abuso sexual sin prevalimiento, según fuentes de Europa Press.

La respuesta del Ministerio de Igualdad

La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que la rebaja en las penas a los condenados por delitos sexuales contenidos en la Ley de Garantía de la Libertad Sexual (conocida como ley del solo sí es sí) se debe a que los jueces "están incumpliendo la ley" producto del "machismo", y ha defendido la eficacia del texto original.

El número de casos en los que se aplican las rebajas podrían verse incrementados en los próximos días ante las revisiones pendientes, según informa Europa Press. Solo en Madrid cuentan con 447 causas por abusos y/o agresiones sexuales condenatorias firmes, con condenado ingresado en prisión, susceptibles de revisión. De estas causas, y de oficio, los magistrados comenzaron ya la revisión de 121. A instancia de parte, se tramita la revisión de 55.

Hasta ahora, 18 de las 52 audiencias provinciales se han pronunciado sobre la ley. 11 han dicho que están a favor de aplicar las revisiones más favorables al reo; 4 no han fijado una posición clara, apuntando a la necesidad de revisar caso a caso; y otras 3 han informado de que no rebajará las condenas cuando las penas que fueron impuestas puedan ser también imponibles con arreglo a la nueva ley.