Tratamiento legislativo

El Gobierno no prevé cambios en la amnistía y centrará sus esfuerzos en convencer a los independentistas

El objetivo del PSOE es que la ley salga del Congreso sin las enmiendas que Junts pretende incorporar.

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El Gobierno está convencido de que la ley de amnistía rechazada por el pleno del Congreso el pasado martes ofrece todas las garantías para conseguir el objetivo que se propone, y por ello no prevé cambios de calado que cree que sí podrían ponerla en riesgo y centrará sus esfuerzos en convencer a Junts para que la apoye.

El rechazo de la formación de Carles Puigdemont a la proposición y su devolución a la comisión de Justicia de la Cámara baja admiten fuentes del Gobierno a Efe que fue "un mazazo" después de todas las negociaciones que habían desembocado en el texto que se sometió a votación.

Negociaciones en las que subrayan que el PSOE ya hizo concesiones que le costaron duras críticas de la oposición pero que en todo momento recalcan que se ajustaban a la Constitución y que accedieron a ellas para que la ley tuviera más garantías y para permitir el consenso.

Las enmiendas que Junts planteó y que consideró imprescindible aceptar si se quería contar con su apoyo no podían ser asumidas, según estas fuentes, porque era clara la duda constitucional que conllevaban.

No se explican que la formación independentista no fuera consciente de que si se incluían, saldría adelante una ley que toparía tanto con el Tribunal Constitucional como con la Justicia europea y que, por tanto, la amnistía sería papel mojado.

Virtudes de la ley

Una vez rechazada por el pleno y a la espera de que vuelva a debatirse en comisión, todos los mensajes de miembros del Gobierno y de dirigentes del PSOE dejan entrever que no hay posibilidad de consensuar modificaciones relevantes.

A la cabeza de ellos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en Bruselas, en su primera comparecencia ante los periodistas tras el frenazo a la ley y preguntado por la posibilidad de algún cambio, se volcó en elogiar las virtudes del texto actual.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el pleno del Congreso de los Diputados en Madrid durante el debate de la ley de amnistía. EFE

Para él, la ley, tal y como esta, es "valiente, reparadora y constitucional", y así es como quiere que salga del Congreso, algo que el Gobierno estima que no ocurriría con las enmiendas que Junts pretendía incorporar.

Sin intención alguna por tanto de aceptarlas, el Ejecutivo afirma no tener más plan que convencer a Junts de que apoye el texto, y a eso afirma que se van a dedicar en las próximas semanas y, de hecho, ya se están dedicando.

Es lógico, señalan las fuentes, que haya habido ya algún contacto entre el PSOE y Junts para ello más allá de declaraciones en público como las de Sánchez.

Sus palabras asegurando después de las últimas decisiones del juez Manuel García Castellón, que la ley amnistiará a todos los independentistas catalanes porque no son terroristas, bien acogidas por el partido de Puigdemont, pretenden tender puentes para reconducir la situación, dialogar y no ahondar en críticas por lo ocurrido el martes.

El Código Penal no es el camino

En ese diálogo afirman que no está previsto abordar una reforma del Código Penal para los delitos de terrorismo, una posibilidad que planteó el exdiputado y negociador de Sumar, Jaume Asens.

Hablar de esa opción se afirma desde el Gobierno que es "una mera conjetura" a la que no se otorga recorrido. "No es el camino". afirman ante una hipótesis que tampoco ha sido bien acogida en la parte independentista ni por Junts ni por ERC.

El propio presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en declaraciones a Efe, salió al paso de esa propuesta rechazándola porque considera que ese mecanismo introduciría más riesgo y podría tener consecuencias no previstas por el independentismo.

Aragonès avisa a Junts: "La ciudadanía no perdonaría que no se aprovechase la oportunidad". EFE

Desde el Ejecutivo se insiste en que ahora mismo se trata de que Junts recapacite y no se entra a valorar otras vías como una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ponga límite al tiempo de instrucción que tienen los jueces.

Una reforma que intentaría evitar lo que tanto los independentistas como Sumar y socios parlamentarios del Gobierno están criticando públicamente que está haciendo el juez García Castellón: ir tomando decisiones en función de la tramitación parlamentaria de la amnistía para torpedearla.

Sánchez quiso disipar el jueves las dudas que sobre la estabilidad de la legislatura podría tener que Junts persistiera en su no a la ley de amnistía y que evidenciaría también la dificultad de que saliera adelante el proyecto de ley de presupuestos.

Y volvió a asegurar que esta legislatura tiene mucho horizonte en el acto de este sábado en Ourense en apoyo al candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, cuando apuntó que le quedan 1260 días de mandato. Es decir, que piensa agotarlo.

Ese mismo optimismo es el que resume en dos palabras uno de los protagonistas de la parte socialista ante la negociación con Junts: "Habrá salida". 

Fuente: EFE

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