De "adecuar" el presupuesto a "vouchers" para estudiantes: definiciones del Gobierno antes de la marcha

En vísperas de una nueva marcha universitaria y con el antecedente de la masiva convocatoria de abril, el Gobierno recalculó su estrategia y salió a confrontar con quienes llaman a movilizarse. "Es una marcha anti-gobierno", disparan una y otra vez el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.

En una ronda con El Cronista y otros medios nacionales en el Palacio Sarmiento (también conocido como Pizzurno), ambos funcionarios aseguraron que fueron atendidas las demandas de gremios y rectores universitarios en lo referente a las paritarias y el financiamiento operativo y sanitario y admitieron que el capítulo reservado al área en el Presupuesto 2025 se podrá adecuar acorde a la evolución de los precios pero no ampliar sin fuentes de recursos durante su paso por el Congreso. 

A la vez, lanzaron una particular propuesta, a modo de idea, sobre cómo se puede poner en práctica la meta de racionalizar el gasto en el sector sobre la base de un equilibrio entre la oferta y la demanda en las universidades.

Cada uno con estilos contrapuestos, por momentos jugando casi al policía bueno/ policía malo en el conflicto con los gremios y rectores, Torrendell y Álvarez buscaron reposicionar al Gobierno en la antesala de la Marcha Universitaria y pasar a un juego ofensivo para poner en discusión los motivos de la marcha. Fuera de micrófono, uno de los asesores de la secretaría reconoció que "la suerte está echada". 

La afluencia que exhiba mañana la segunda marcha federal universitaria dará mayor volumen a una y otra parte en esta puja por recursos, cuando la semana próxima se sienten una vez más cara a cara para discutir la oferta salarial. A la par, la discusión por el Presupuesto 2025 desde la próxima semana se prevé que arrancará con fondos que solo cubren a la mitad de los 7 billones de pesos que solicitó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) pero que en Capital Humano ponderan como el "cuarto" en tamaño por asignación.

"Están en discusión dos cosas. Por un lado, el tema de los salarios que se está tratando de mejorarlo y, por otro lado, como bien uno percibe, una marcha que es más bien anti-gobierno por varias de sus consignas. Es una marcha opositora, es lógico, cuando uno ve quienes están detrás de la convocatoria", señaló Torrendell.

A su lado, Álvarez citó la entrevista del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, con El Cronista el último domingo donde "después de hablar del presupuesto, mencionó la conformación de un nuevo frente político de centro para enfrentar e ir a elecciones. O sea, hay un contenido muy político". En rigor, dos tramos diferentes de la charla con este medio donde se conversó acerca de la situación de las universidades y también el presente del radicalismo, el partido en el cual Yacobitti es referente nacional.

"La gente va a las marchas por 20.000 razones. Habría que ser un especialista en sociología para descubrirlo. Pero una cosa es por qué va alguien y otra cosa es por qué se convoca desde la dirigencia, o sea, son dos cosas distintas o pueden ser cosas distintas", replicó el secretario de Educación ante la consulta de los medios presentes. Y Álvarez agregó: "No será la primera vez que vamos a una marcha inocentemente creyendo que estamos defendiendo una causa justa y termina siendo aprovechada por alguien que tiene un interés político."

Las críticas del Gobierno a las universidades y gremios

La estrategia del Gobierno difiere de aquella de abril cuando una multitud de personas se volcaron a las calles y tomaron por sorpresa a la gestión libertaria. Esta vez, alinearon un discurso en torno a siete ejes con los que buscan retrucar el discurso de los gremios y autoridades convocantes y que se centran en lo que la administración de La Libertad Avanza entiende que deben ser las prioridades de un nuevo paradigma educativo en términos universitarios, que saneé el uso de los recursos sobre la base de un "gasto inteligente"

Dictaminan que el 6,8% que los gremios universitarios no aceptaron -y equivalía a $56 mil millones de pesos- se encuentra por arriba de lo que habían solicitado por lo que "el conflicto parece tener fines políticos".  Acusan a los rectores de no saber administrar los recursos que recibieron para su funcionamiento por un total de $192 mil millones de pesos, un 270% superior a la base original de 2024.

También insisten en que las universidades "no se dejan auditar" y que el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 a la UBA "no se rindieron". Señalan que el 60% de los estudiantes "no son regulares", del 38% "no tienen información clara sobre su actividad académica" y que el "21,8% de los estudiantes de medicina en universidades públicas son extranjeros".

Por último, consignan que el 61% de los estudiantes de la UBA "tienen padres con educación superior completa", dato llamativo que los voceros del Ministerio de Capital Humano se sintieron en la obligación de aclarar que no busca "cuestionar" la decisión de ir a la institución pública pese a contar presuntamente con capacidad financiera suficiente. 

"El dato apunta a la reasignación de recursos en las universidades para apuntalar a quienes vienen de sectores más vulnerables", puntualizan. Lo contrastan con la baja en la tasa de graduación en Argentina, "considerablemente más baja que en otros países de la región". Sólo 31 estudiantes por cada 10.000 habitantes logran concluir sus estudios universitarios, por detrás de los 55 cada 10.000 de Chile, o los 66 cada 10.000 de Brasil.

"Aunque el país cuenta con un régimen de ingreso irrestricto garantizado por ley, algo inusual a nivel mundial, esta apertura NO se traduce en una mejora significativa en las tasas de graduación. La cantidad de graduados por generación está en declive", resaltan. Y ese porcentaje desciende, en el país, del 20% de quienes nacieron entre 1970 y 1990 a debajo del 15% entre las personas nacida en los '90s o después. 

Lo atribuyen más a una deficiente gestión de las casas de estudio a la hora de acompañar a sus estudiantes más que en una situación estructural que dificulta la posibilidad de estudiar, sea por los costos o la necesidad de trabajar en paralelo.

Finalmente, refieren a las transferencias de gastos operativos que hoy se concretan con un promedio de apenas 4,6 días de demora frente al promedio de 68,4 días de gestiones anteriores.

Durante casi una hora de intercambio con los medios presentes, los funcionarios rechazaron la lógica de asignación de recursos para las universidades en torno al "acumulativo histórico", parafraseando al presidente del CIN, Víctor Moriñigo. "No coincidimos con esa mirada. Nosotros pensamos que el presupuesto tiene que tener una relación con la cantidad de docentes que se ocupan de una cantidad X de alumnos y eso tiene una relación con la cantidad de metros cuadrados, el gasto en luz, el gasto en seguridad", puntualizó Álvarez

A modo de ejemplo, el subsecretario de Políticas Universitarias mencionó la creación de universidades donde la oferta de docentes en una carrera excede por mucho la demanda estudiantil. "Se crearon universidades en lugares y pueblos que tienen o 60.000 habitantes o 500.000 habitantes ¿cuántos alumnos puede generar realmente como demanda ese nivel de población para que vos pongas con todo el costo que tiene en edificios, en metros cuadrados y en autoridades para atender una demanda insuficiente?", criticó.

Y si bien aseguró que la potestad de abrir las casas de estudio reside hoy en el Congreso, a partir de la Ley de Educación, no descartó que en un futuro, de conseguir el número necesario a nivel legislativo, se pudiera avanzar en una reforma. Incluso deslizó una idea a modo de pensamiento en voz alta, sobre vouchers para ayudar a que esos alumnos puedan trasladarse a estudiar a otras universidades cercanas más grandes y no se queden sin estudiar. "Hoy somos respetuosos de lo que dicta la ley", aseveró.

"¿Sabés que están haciendo esas universidades ahora? Haciendo todo para transformarse su oferta en oferta virtual porque no van a poder justificar la cantidad de alumnos. ¿Y qué van a hacer con esas universidades? La ley es clara: las universidades las crea el Parlamento. Entonces nosotros tenemos que obedecer al Parlamento hasta tanto nosotros tengamos mayorías legislativas que nos permitan introducir modificaciones en la Ley de Educación Superior que permitan racionalizar el sistema: vos no podés tener hoy carreras o universidades que no tienen demanda", esgrimió Álvarez.

Por su parte, Torrendell respondió sobre la posibilidad de que se amplíe el monto asignado a las universidades en el proyecto de ley enviado por al Congreso hace dos semanas. "El Poder Ejecutivo manda con los valores de agosto un presupuesto al Congreso Nacional. Si contemplás ya los aumentos de estos meses, efectivamente ese presupuesto, si se quiere, va a requerir un acomodamiento en el Congreso", dijo el funcionario.

Sin embargo, remarcó que el eje de cualquier modificación lo planteó el propio Milei durante su discurso de presentación en tanto "las asignaciones presupuestarias tienen que tener los fondos con los cuales se van a sustentar". En consecuencia, "el Congreso puede perfectamente ahora ampliar, sobre la base de la información acumulada, etcétera, ampliar el presupuesto para universidades y tendrá que determinar de dónde saca esos recursos que tendrá que asignar más a universidades. Esa sería la lógica"