Cuando todavía no pasó una semana de la votación que le permitió seguir ocupando su banca en el Congreso, el diputado y ex ministro de Planificación, Julio De Vido, ya volvió a recibir malas noticias judiciales. Ayer, el Tribunal Oral Federal 4 rechazó in limine su pedido para ser sometido a un juicio por jurados en la causa por su responsabilidad en la tragedia de Once, en la que murieron 51 personas. Además, el fiscal federal Federico Delgado pidió mandarlo a juicio oral y público por el "negociado", definió, de "la compra de chatarra" ferroviaria a España y Portugal, en 2004 y 2005.

En la causa Once, la defensa de De Vido había solicitado al tribunal, el 21 de este mes, un juicio por jurados ante "la necesidad de contar con un juicio justo, libre de presiones o sospechas políticas, que finalice con una sentencia dictada por un tribunal independiente e imparcial". Los jueces Néstor Costabal, Pablo Bertuzzi y María López Iñíguez no hicieron lugar a la pretensión por considerar que "no se encuentra establecido el sistema de juzgamiento que propone" De Vido para esa clase de procesos,

"No encontrándose establecido el sistema de juzgamiento que propone el peticionante, es que corresponderá rechazar in limine el planteo efectuado", sostuvieron los integrantes del tribunal en el fallo de cuatro páginas. También rechazaron un pedido de nulidad presentado por De Vido y otro pedido para que se suspenda el trámite de la causa hasta tanto se resuelvan en forma definitiva en Casación las condenas dictadas en el primer juicio.

Además, Delgado pidió que el diputado sea sometido a juicio oral y público por la compra de material ferroviario a España y Portugal junto a Carlos Retuerto Castaño, ex subgerente de Inversiones de la Gerencia de Concesiones Ferroviarias de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que inspeccionó en Europa el estado del material antes de la compra.

Delgado acusó a ambos del delito de "defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública" y precisó que pagaron casi 102 millones de euros por "material ferroviario en malas condiciones". "Se escogió comprar material usado, con la idea de que en los talleres de nuestro país se los pusiera en condiciones de funcionamiento. De ese modo se creaba empleo y se mejoraban los trenes. Pero en vez de eso, intencionalmente, se compró chatarra en mal estado, se pagó peor y no se creó empleo. Por lo tanto, se causó un perjuicio a las arcas públicas", argumentó el fiscal.

En su dictamen, reprodujo un informe de la sección de Ingeniería de Técnicas Ferroviarias que en 2005 estableció que "el estado de los coches no era bueno, que presentaban gran deterioro y faltantes, que algunas ruedas estaban muy gastadas".

Delgado admitió que "la participación de Julio Miguel De Vido es más difícil de ver de entrada" porque sus "firmas son escasas", aunque consideró que "surge con nitidez" su intervención cuando se observa "la delegación administrativa de funciones" que hizo en la CNRT.