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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró en noviembre pasado un departamento de amplias dimensiones en el barrio porteño de Caballito por US$ 230.000, mediante una modalidad de financiamiento que quedó bajo la lupa en medio de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene imputado.
De acuerdo con registros de la propiedad inmueble, la unidad —ubicada sobre la calle Miró— posee 199,97 metros cuadrados y cochera, y fue adquirida junto a su esposa, Bettina Angeletti.
La operación incluyó un esquema particular: el matrimonio habría abonado una parte del valor en efectivo y financió el resto mediante una hipoteca privada por US$ 200.000 otorgada por dos personas físicas, que habían comprado el departamento apenas unos meses antes, en abril de 2025.
El dato llamó la atención porque no intervino ninguna entidad bancaria en la financiación, una práctica menos habitual en operaciones inmobiliarias de este tipo.
La compra, en un momento político sensible
La adquisición se concretó apenas 14 días después de que Adorni asumiera como jefe de Gabinete, y se suma a otros movimientos patrimoniales recientes de la familia.
Entre ellos aparece la compra, en noviembre de 2024, de una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti.
Desde el entorno del funcionario sostienen que no existe irregularidad alguna y aseguran que todos los bienes fueron obtenidos tras más de 25 años de actividad en el sector privado.
En Casa Rosada, además, descartan versiones sobre una eventual salida del cargo y aseguran que continúa enfocado en la agenda parlamentaria del Gobierno.

La Justicia busca reconstruir su evolución patrimonial
En paralelo, la investigación judicial avanza. El juez federal Ariel Lijo deberá autorizar próximamente el levantamiento del secreto fiscal y bancario para permitir el cruce de información patrimonial del funcionario.
El pedido fue realizado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó 12 medidas de prueba destinadas a determinar la licitud de los bienes de Adorni tras una denuncia que señala un incremento patrimonial cercano al 500% entre 2022 y 2025.
Entre las medidas requeridas figuran:
- análisis de declaraciones juradas;
- informes del Registro de la Propiedad Inmueble en Ciudad y provincia de Buenos Aires;
- datos de registros automotores, buques y aeronaves;
- movimientos migratorios;
- historial patrimonial ante la Oficina Anticorrupción.
La investigación alcanza también a su esposa y busca establecer el origen de los fondos utilizados para la compra de propiedades y la justificación de viajes al exterior realizados durante la gestión, incluidos desplazamientos a Nueva York y Punta del Este.
Desde el Gobierno nacional sostienen que las acusaciones forman parte de “una operación política y mediática” y ratificaron su respaldo al jefe de Gabinete.

Protestas universitarias y exposición pública del caso
En el día en el que estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron una jornada de clases públicas para visibilizar la crisis presupuestaria del sistema universitario, el caso volvió a ganar centralidad política.
La actividad —enmarcada en el paro nacional de 72 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales— incluyó una movilización hacia la zona de Caballito donde reside el funcionario.
Los organizadores buscaron señalar el contraste entre la situación salarial universitaria —donde un ayudante de primera percibe ingresos cercanos a los 228 mil pesos netos— y el patrimonio del integrante del Gabinete nacional.














