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El gobierno de Javier Milei dejó en claro que, en la medida en que el superávit fiscal lo permita, avanzará en una reducción significativa de impuestos. No es una tarea sencilla, ya que requiere que el nivel de actividad económica genere mayores recursos para las cuentas públicas.
Aun así, el Ejecutivo logró eliminar tributos durante sus más de 30 meses de gestión. En comparación con 2025, se suprimieron cinco impuestos internos vinculados a vehículos automotores, objetos suntuarios, seguros, servicios de telefonía celular y embarcaciones de recreo o deportivas.
La medida fue incorporada en la Ley de Modernización Laboral, sancionada a fines de febrero, aunque los cambios recién entraron en vigencia a partir del 1° de abril.
En ese contexto, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detalló en su reciente “vademécum tributario” que, a diferencia de 2025, los tributos nacionales relevados pasaron de 45 a 40.
De hecho, la organización que dirige Nadin Argañaraz había corroborado el año pasado que la decisión del Gobierno de no prorrogar el Impuesto PAIS contribuyó a reducir la cantidad de tributos nacionales de 46 a 45.
Por lo tanto, la actual administración ya eliminó seis gravámenes nacionales, si se incluye el Impuesto PAIS. A ello se suman otras medidas, como la reducción de las alícuotas de los Derechos de Exportación (DEX) para el sector agropecuario y la quita progresiva de aranceles a la importación de celulares.
Asimismo, los informes publicados por el IARAF exponen la carga fiscal en las provincias y los municipios. Si bien respecto de 2025 no hubo modificaciones, aún existen 28 tributos provinciales y 82 municipales.
Al considerar los distintos niveles de gobierno, el IARAF identificó un total de 150 tipos de tributos entre Nación, provincias y municipios. Esa cifra contempla impuestos, tasas y contribuciones.
“Reducir la cantidad de tributos es un objetivo deseable. Sin embargo, esa reducción solo será sostenible si está acompañada por una administración ordenada y eficiente de las cuentas públicas en todos los niveles de gobierno”, remarcaron Javier Fuentes, gerente de Impuestos de Pgk Consultores, y Martín Ojeda, socio de Pgk Consultores.
En contraste, las provincias y los municipios no registraron ningún cambio en su legislación tributaria. “A ellos les corresponden 110 de los 150 tributos vigentes, el 73% del universo tributario, y ninguno fue modificado”, criticó la Fundación Libertad y Progreso.
Dentro del universo de los tributos provinciales, el impuesto sobre los Ingresos Brutos —el más disruptivo para la actividad económica— es el más cuestionado por los especialistas en tributación y economistas debido a su efecto acumulativo en cascada, sin posibilidad de descontar lo ya pagado en etapas anteriores.
“El resultado es que las cadenas de producción más largas e integradas terminan pagando proporcionalmente más impuesto, no porque generen más valor, sino simplemente porque tienen más eslabones”, sintetizó el think tank libertario.
Y hay un aspecto no menor que incluso el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) puso de manifiesto en el último staff report: “La dependencia provincial de los Ingresos Brutos aumentó considerablemente a pesar de sus efectos en cascada altamente distorsivos”.
En promedio, Ingresos Brutos representa el 80% de la recaudación de impuestos propios de las provincias, sin considerar los recursos provenientes de la coparticipación.
Pero el dato más llamativo es que más de la mitad de los tributos existentes son de origen municipal. El informe identificó la tasa por alumbrado público, la tasa por habilitación de comercios, los derechos de publicidad y propaganda, la tasa de seguridad e higiene, los derechos de ocupación o uso de espacios públicos y la tasa por servicios de limpieza, entre otros tributos relevados.
El problema reside en su impacto directo sobre los costos logísticos y en las dificultades que genera para las empresas, sobre todo en términos de competitividad.
“Para que exista una tasa debe haber una contraprestación de un servicio. En cambio, en los impuestos no existe una contraprestación específica: se pagan sobre las ganancias, el valor agregado o el patrimonio, y se reciben de forma genérica (salud, educación y seguridad)”, señaló Matías Olivero Vila, presidente de Lógica.
En otras palabras, para que una tasa sea válida debe existir un servicio concreto que la justifique. Un ejemplo es el alumbrado público: para cobrar la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, tiene que haber efectivamente un farol que ilumine la vía pública.
Por lo tanto, la diferencia entre una tasa y un impuesto radica en la existencia de una contraprestación de un servicio. El cálculo, además, debe basarse en el costo de ese servicio. De lo contrario —si se determina en función de los ingresos totales—, deja de ser retributiva de un servicio y se transforma, en los hechos, en un impuesto.
“No hay país que aplique tasas municipales con base en ingresos totales como lo aplicamos nosotros”, criticó Olivero Vila.
Qué impuestos concentran casi toda la recaudación
Con una recaudación tributaria consolidada proyectada en un 26,6% del PBI para 2026, tributos como el IVA, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, el impuesto a las Ganancias, Ingresos Brutos, el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios y la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene Municipal (TISH) aportarían el 85% de la recaudación tributaria consolidada.
Si a estos se suman el impuesto a los combustibles, los derechos de importación y exportación y “otros tributos municipales”, el 94% de la recaudación consolidada se concentra en diez tributos: siete nacionales, uno provincial y dos municipales.
Al analizar el peso relativo de cada uno, el IVA —por lejos— es el principal aportante, con un 25%, seguido por los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, con un 19,1%. El tercer lugar lo ocupa el impuesto a las Ganancias de personas físicas y jurídicas, con un 18,1%.
En cuarto lugar aparece Ingresos Brutos, con una incidencia del 14,7%, mientras que más atrás se ubica la Tasa de Seguridad e Higiene, con el 2,6%.
Por otro lado, si se analiza la distribución de la recaudación tributaria consolidada entre la Nación, la ANSES, las provincias y los municipios —a partir de la aplicación de la Ley de Coparticipación Federal y de un supuesto para la coparticipación municipal—, el IARAF estimó que, de cada $ 100 recaudados durante 2026, el Tesoro Nacional recibiría $ 23,1; la ANSES, $ 28,3; las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, $ 35,3; y los municipios, $ 13,3.