En medio de las polémicas de Manuel Adorni, Javier Milei se anotó una victoria frente al sector minero en el Congreso con la aprobación de la reforma a la Ley de Glaciares. Como ya lo había anticipado El Cronista, la clave para la oposición y para sectores ambientalistas está en la judicialización que ya comenzó. ¿Cuáles son las demandas en curso y qué esperan los empresarios mineros? A las dos y media de la madrugada, el oficialismo logró aprobar con 137 votos afirmativos, 111 votos negativos y 3 abstenciones, el proyecto que modifica la actual Ley de Glaciares. La reforma cambió el criterio sobre el ambiente periglacial. Este dejó de estar protegido de forma generalizada y pasó a resguardarse solo cuando se demuestre que cumple una “función hídrica relevante”. Además, serán las provincias la autoridad de aplicación de la ley, así como quienes deban auditar los proyectos mineros. En este sentido, voces legislativas habían advertido todo el miércoles que, de aprobarse, como era evidente que iba a suceder, el resultado sería la judicialización de la ley. En este sentido, esta mañana las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace convocaron a la ciudadanía a sumarse a una demanda colectiva para frenar este retroceso. “Convocan a la demanda colectiva más grande de la historia”, aseguraron desde el sector. Para los ambientalistas, las de personas que se inscribieron a la audiencia pública para defender la Ley de Glaciares fueron ignoradas. “Hoy la respuesta está en manos de todas las personas: la ciudadanía será la protagonista de la lucha por recuperar la ley. Si no quisieron escuchar en el Congreso, van a escuchar en la Justicia”, advirtieron desde las organizaciones, dando inicio a una nueva de lucha contra la ley. Las organizaciones indicaron que, lejos de cerrar el conflicto, esta decisión abre una etapa de participación ciudadana en defensa del agua, para reafirmar la voluntad de la sociedad que ya expresó su rechazo a la reforma de la Ley de Glaciares. “Esta reforma pone en riesgo el acceso al agua y por lo tanto la vida de millones de argentinos y argentinas y los ecosistemas que dependen de los glaciares y el ambiente periglacial”, aseguraron. Para adherir, la ciudadanía puede acceder al sitio web www.demandacolectivaglaciares.org y ser parte de la demanda colectiva más grande en defensa del agua en la historia. Paralelamente, la provincia de La Pampa, a cargo de Sergio Ziliotto, presentó un amparo colectivo ambiental contra la modificación de la ley de Glaciares. Fue el propio Ziliotto que presentó el amparo que llevará a cabo en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos. Según la provincia, el amparo se sustenta en la vulneración de derechos constitucionales vinculados al ambiente y al agua. La medida, patrocinada por la Fiscala de Estado, Romina Schmidt y el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, es acompañada por una cautelar que pide que la Ley no se aplique hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o no de lo sancionado. “A partir de esta ley va a haber menos agua”, dijo Ziliotto en la conferencia. En este sentido, el gobernador aseguró que la norma “lesiona derechos ambientales colectivos consagrados en la Constitución Nacional y en convenciones internacionales”. Además, aclaró que también vulnera el principio de no regresión ambiental previsto en el Acuerdo de Escazú. “Estamos planteando la inconstitucionalidad y nulidad absoluta de la ley que ha sancionado el Congreso de la Nación”, afirmó. Asimismo, advirtió que la modificación del régimen de protección de glaciares tendrá impacto directo en la Provincia y en el acceso al agua. “Esta es una ley que va a afectar muchísimo a la provincia de La Pampa, a todos los habitantes sin distinción. Es una ley que nos va a quitar nuestros derechos sobre el agua y va a perjudicar el ambiente”, expresó. Tanto el sector minero, como el oficialismo, esperó un número holgado en la votación para de esta manera poder sostener la ley una vez que se judicialice. “No es lo mismo tres legisladores que veinte”, indicaron voces mineras. “Es muy difícil que salga otra cosa relevante este año, porque comienza el debate electoral. Es la última cosa importante que se va a aprobar”, afirmó una alta fuente minera a este medio. Voces calificadas habían estimado que habría cambios en el texto final, en específico agregar un punto de interjurisdiccionalidad para que el proyecto tenga el visto bueno de los pampeanos. Sin embargo, no fue necesario, no hubo modificaciones en el proyecto. La clave para el sector minero, y para el Gobierno, era que la diferencia de votos fuera lo más grande posible. En este sentido, el oficialismo espera que la ley sea judicializada por las organizaciones de protección ambiental. Consideran que se dará una batalla judicial por proyecto minero una vez se intente aplicar la ley y todo terminará en la Corte Suprema de Justicia. Por otro lado, voces allegadas a la oposición legislativa confirmaron que la judicialización llevaría a una lluvia de amparos en todas las provincias y esto ocasionaría que no se podría aplicar la ley. El reclamo recae sobre la inconstitucionalidad de la norma y aseguraron que en todas las provincias dónde se intente aplicar habrá una demanda ambiental que la frenará.
