El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó este viernes con prisión preventiva al hacker Elías NunesPinheiro, por haber duplicado e intervenido las líneas telefónicas de los jueces federales Mariano Borinsky, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Como resoluciones complementarias, Martínez de Giorgi también procesó al expolicía que supuestamente contrató la extracción ilegal de esos datos Ariel Pedro Zanchetta, siguiendo detenido en prisión preventiva.
Por último, se declaró que "no hay mérito suficiente para ordenar el procesamiento ni para sobreseer" a Matías Bellido, titular de la cuenta de Mercado Pago hacia la cual los contactos de las víctimas debían transferir el dinero que engañosamente les era requerido.
El futuro de la causa
En diálogo con El Cronista, el abogado defensor de Ariel Zanchetta, Marcelo Peña, que también se encuentra como en la defensa para la causa Instituto Patria y Gestapo, afirmó que, a partir de esta nueva resolución, "vamos a impugnar, voy a interponer el recurso de apelación planteando la nulidad de la actividad y el despliegue que hizo el Ministerio Público Fiscal, en este caso el fiscal es el doctor Gerardo Pollicita".
"Vamos a solicitar también para que la Cámara Federal revea la cuestión y pueda buscar la falta de mérito de mi asistido, Gabriel Zanchetta. Justamente porque el planteo de nulidades va dirigido en este caso a algunas intervenciones telefónicas, las cuales no tienen sustento entre sí. No tienen ningún tipo de argumentación jurídica, ni menos aún, razonabilidad para haber hecho el trabajo que sustenta aquí el fiscal.
Ahora la causa pasará a la Sala 2 de la Cámara Federal, en el cual se analizará la viabilidad del planteo de nulidad, que en caso de darle la derecha a la defensa volvería todo a foja cero.
En el caso adverso, podrían ordenar que el procesamiento se mantenga en primera instancia con la prisión preventiva, o puede suceder también que antes de presentarse a esta defensa, pueda ser revocada la prisión preventiva y mantenerlo procesado, pero en libertad.
La investigación por espionaje ilegal a los jueces federales
Según pudo acreditar la investigación liderada en parte por la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy, desde al menos febrero de 2022 y hasta el mes de mayo de 2023, se realizaron un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de los tres jueces de Comodoro Py.
Tanto Gustavo Hornos como Mariano Borinsky son intervinientes en la revisión de la sentencia del caso conocido como Vialidad, así como Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes condenaron a Cristina Kirchner el 6 de diciembre del año pasado. La causa investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública durante el kirchnerismo en Santa Cruz, en favor del empresario Lázaro Báez.
El joven de 22 años oriundo de la provincia de Misiones accedió al control de las líneas telefónicas de los magistrados mediante la maniobra de "Sim Swapping", obteniendo los datos necesarios para vulnerar las preguntas de seguridad de las compañías telefónicas de la base de datos del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) y del servicio de datos NOSIS.
Según reconstruye la investigación, NuñesPinheiro fue contactado y contratado por el expolicía Zanchetta para realizar hackear quince líneas telefónicas, todas personas del ámbito judicial y, en particular, de Comodoro Py.
A través de esa directiva, y con un cobro de $15.000 por chip, el hacker intervino las líneas desde un dispositivo ajeno a los titulares, accediendo luego a las conversaciones que estos mantenían en su WhatsApp, Telegram y Facebook Messenger.
"Se advierte que los efectos alcanzados por el accionar delictivo indican que NúñesPinheiro y Zanchetta actuaron con el conocimiento y la voluntad de causar una interrupción de los servicios de telefonía, y generar en consecuencia, un efecto generalizado", remarca el fallo del juez federal.
El documento, al que tuvo acceso este medio, relata que a través de datos de la empresa SudamericaData Group, Zanchetta no solo había buscado datos de Hornos y Borinsky, sino que también averiguó de los Ministros de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda; así como de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, apuntados por el consejero de la Magistratura del kirchnerismo Gustavo Ustarroz.
De la causa también participa como querellante Silvio Robles, quien es vocero de Rosatti, presidente del máximo tribunal, y que según afirma en su pedido de participación en la causa su nombre se buscó en varias oportunidades dentro del material filtrado.
