Privatización nuclear en marcha: cómo será la subasta de Milei y qué pasará con la CNEA

Frente al intento de una parte de la oposición de frenar la privatización del sistema nuclear argentino, el gobierno de Javier Milei aceleró la elaboración del decreto que abre el plan para la venta parcial de Nucleoeléctrica a manos privadas. El viernes por la tarde, el borrador final se encontraba ya a la firma de las autoridades responsables y se trabajaba en el objetivo de publicarlo en el Boletín Oficial lo antes posible y así dar curso al proceso que esperan concluir en el primer semestre de 2026.

El primer objetivo que se habían trazado quienes impulsan la privatización de una parte del paquete accionario de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA, por sus siglas) era que el presidente Javier Milei viajara a Estados Unidos con el decreto ya operativo. Al cierre de esta edición, no obstante, fuentes del sector deslizaron que la publicación se postergaría hasta su regreso.

Si bien no se divulgó aún el documento final -luego que trascendieran algunos detalles técnicos en medios la semana previa de boca del propio portavoz presidencial- El Cronista pudo acceder a algunos fragmentos del documento que arrojan nuevos datos sobre el procedimiento en contraste con un primer borrador que se había filtrado de forma extraoficial a través de un artículo de Econojournal y planteaba interrogantes sobre la venta de las acciones estatales.

Ya desde la sanción de la Ley Bases había quedado en claro la intención del Gobierno de abrir NA-SA a manos privadas. El documento se preparaba en secreto para ser presentado en sociedad una vez que estuviera listo pero esa filtración determinó que se adelantaran los tiempos. En consecuencia, se incluyó un primer anuncio formal el lunes en la conferencia del vocero presidencial, Manuel Adorni.

Entonces, la versión que emanaba del Ejecutivo planteaba un horizonte de un mes para cerrar los detalles del decreto correspondiente y hacer efectivo el arranque del proceso de privatización. Desde entonces, nuevos contactos entre las áreas involucradas pusieron a punto un nuevo texto que corrige en parte al primero que circuló, por caso, en lo que respecta al futuro de las acciones en manos de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)

Fuentes vinculadas a la operación señalaron en estricto off the record a El Cronista que la idea de la privatización parcial de Nucleoeléctrica es incluir al sector privado en el management de la empresa dándole la oportunidad de invertir en el sector nuclear y, a la vez, integrar el desarrollo de nuevos proyectos. En otras palabras, que el financiamiento de la empresa no recaiga solo en manos del Estado.

Desde la oposición en sintonía con los gremios de trabajadores advierten sobre una posible "extranjerización" del control de un área clave de la energía y el desarrollo nacional. Aún frente al esquema que mantendría el 51% del control en manos del Estado -según la información difundida hasta ahora- el mero pase a manos privadas -nacionales o foráneas- dispara una serie de interrogantes respecto al funcionamiento de los diversos mecanismos del sistema nuclear y si pueden entrar o no en fricción con este cambio.

Privatización de Nucleoeléctrica (NA-SA): qué dice la última versión del decreto

Nucleoeléctrica Argentina S.A., o NA-SA por sus siglas abreviadas, es una empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. El lunes último, Adorni confirmó que el esquema que se trabajaba era la venta del 49% del capital de la compañía, aunque en ese entonces no se había definido cuáles serían las acciones que se pondrán en la oferta ya que su propiedad se distribuye entre varios organismos públicos: la CNEA (20%), la Secretaría de Energía (79%) y ENARSA (1%).

La idea, tal cual había trascendido, es que un 44% del paquete accionario pase a manos privadas -mediante una oferta nacional e internacional- y un 5% permanezca en manos de los trabajadores siguiendo el esquema del Programa de Propiedad Participada que reserva una cuota de las firmas estatales a los gremios, tal como sucede con AySA para citar un ejemplo. Ese detalle sobre la mecánica es lo que resuelve el decreto de próxima publicación en sus primeros artículos.

Según lo dispuesto en el artículo 1° del decreto que hoy aparece como la versión final, se autoriza el procedimiento para desprenderse de un 44% del capital social de NA-SA mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. De esta manera, el Gobierno busca atraer inversores privados al sector nuclear, pero sin perder el control estratégico sobre la compañía.

El esquema se complementa con la creación de un Programa de Propiedad Participada, que destinará un 5% de las acciones a manos de los trabajadores, siguiendo lo establecido en la normativa vigente sobre procesos de privatización. En este punto, se replicará el modelo ya aplicado en los años '90 en otras empresas estatales, aunque adaptado a la estructura de Nucleoeléctrica.

De este modo, el Estado nacional retendrá el 51% del capital accionario, a través de la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Esta distribución asegura que, pese a la apertura al capital privado, la conducción de la compañía seguirá bajo la órbita pública, un aspecto clave en materia de seguridad energética y tecnológica, dado el carácter sensible del sector nuclear.

No queda claro aún cuántas acciones retendrá cada uno de estos organismos o si el desprendimiento será proporcional. Pese a ello, el hecho que la CNEA figure como parte propietaria no es un dato menor por cuanto se temía lo opuesto.

La implementación operativa del proceso quedará a cargo del Ministerio de Economía, que actuará como autoridad de aplicación con el apoyo de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria "Agencia de Transformación de Empresas Públicas". El organismo deberá llevar adelante tanto la organización del Programa de Propiedad Participada como la licitación internacional que definirá el nuevo socio privado de la compañía.

Además, el decreto contempla una serie de movimientos accionarios previos a la licitación. Por un lado, instruye a Nucleoeléctrica Argentina a transferir un 0,01% de las acciones de ENARSA al Estado nacional, a través de la Secretaría de Energía. Por otro, dispone que ENARSA ceda el 1% de las acciones que posee en Nucleoeléctrica al mismo organismo estatal. Estos pasos buscan ordenar la composición accionaria y consolidar el control público antes de avanzar con la colocación en el mercado.

El proceso contará también con la intervención de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano, en cumplimiento de la normativa vigente que regula las privatizaciones, particularmente en lo que refiere a la participación de los trabajadores y las garantías laborales. En paralelo, intervendrá la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial del Ministerio de Economía, encargada de supervisar los aspectos técnicos y legales vinculados a la valuación y el traspaso accionario.

Privatización en marcha: qué es Nucleoeléctrica y por qué los gremios se resisten

En el debate sobre la Ley Bases, se determinó que dos de las empresas públicas que el Gobierno deseaba mantener en la nómina de firmas a privatizar, permanecieran en el texto de la ley por fuera del conjunto a partir de su carácter estratégico. Se trató, en efecto, de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA) y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Ambas fueron declaradas como empresas "sujetas a privatización", acorde a lo previsto por la Ley de Reforma del Estado 23.696, pero en los dos casos, la norma habilita la apertura al capital privado con un límite expreso: el Estado nacional deberá mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.

Desde Unión por la Patria, fue el titular del interbloque en el Senado, José Mayans, quien informó la elaboración de un proyecto con otras bancadas para declarar al sistema nuclear argentino como "bien público estratégico no enajenable". Hay otra iniciativa en Diputados que busca derogar el artículo referido a NA-SA de la Ley Bases. La respuesta, desde el Ejecutivo, fue apurar los tiempos.

Rodolfo Kempf, físico, investigador y vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria (CNTI) afirmó en diálogo con El Cronista que, de momento, ni Luz y Fuerza ni ATE dieron un paso adelante para dialogar con el Gobierno respecto al 5% que se reserva a los gremios. Lo comparó con el caso de SEGBA y el fallido desenlace de la propiedad participada en los '90 para el bolsillo de los trabajadores.

"Solo Argentina, Brasil y Sudáfrica tienen centrales nucleares en el hemisferio sur. Y Argentina es el que más se ha desarrollado en autonomía tecnológica", alertó en diálogo con El Cronista. Y sumó: "Además de perder un patrimonio público en un área estratégica, la ley 25.018 (Gestión segura de residuos radioactivos) le reserva su tratamiento a la CNEA. Si se privatizan las centrales nucleares, les va a quedar a los empresarios una ganancia plena salvo que se reglamente específicamente ese aspecto".

Desde el Gobierno nacional aluden a la falta de rentabilidad como uno de los argumentos que empuja hacia la privatización del sector nuclear. "En 2024, no recibió ninguna transferencia, lo que marca un cambio en la política de financiamiento hacia un modelo de mayor participación privada", alega un comunicado difundido desde la Secretaría de Energía en relación a la privatización de NA-SA.

Los últimos datos oficiales correspondientes al primer trimestre de 2025 muestran un balance positivo de $ 17.234 millones. No obstante, los montos consignados por la Oficina Nacional de Presupuesto evidencian también una disminución en los ingresos totales y un incremento en los gastos totales, lo que genera que un resultado financiero interanual negativo, del -87,9%.

En lo que refiere a los ingresos corrientes, los mismos se componen en un 86,5% por ingresos operativos obtenidos por la venta de energía. El incremento interanual de los gastos en este rubro alcanza los $62.520,0 millones y se compone, acorde al balance provisorio del primer trimestre 2025, principalmente de gastos operativos.

Mientras que se observa un incremento del orden de $ 33.334,1 millones de los gastos de capital en comparación con el mismo período 2024 que se corresponden en su totalidad, según el documento de Economía, con Inversión Real Directa, a través de los proyectos a cargo de la empresa