Antes del martes 30, Argentina depositará 190 millones de dólares para pagar intereses de los bonos par en cuentas de Nación Fideicomisos que se crearán en el Banco Central. El Ministerio de Economía dirá que los acreedores tendrán disponibles los fondos que les corresponden. Pero el Gobierno necesita datos clave para individualizar a los bonistas, que están en poder del Bank of New York (BONY) y de la cámara compensadora DTC. A cuatro días hábiles del vencimiento, las entidades financieras estadounidenses dejaron en claro que no evadirán una orden del juez Thomas Griesa que les impide colaborar con el país en la evasión de su sentencia que restringe pagos del canje.
Según fuentes oficiales, Economía avanzará en los próximos días en el cambio de agente fiduciario. El dinero se depositará antes de la fecha límite en las nuevas cuentas de Nación Fideicomisos, que el Banco Central puede abrir en lo que dura un chasquido. El cambio voluntario de jurisdicción, con entrega de nuevos bonos, quedará para después, a la espera de que aparezcan interesados.
Pero antes del pago deberán resolver la situación con el BONY. La reciente ley de Pago Soberano habilitó al Palacio de Hacienda a rescindir el contrato con el agente fiduciario y a contratar en su reemplazo a Nación Fideicomisos. El lunes, el Gobierno intimó vía solicitadas al BONY a renunciar como agente pagador. El banco, luego de escuchar a sus abogados, rechazó esa posibilidad. Continuará en el "limbo": no transferirá los u$s 539 millones congelados desde el 27 de junio y debería recibir los del próximo martes 30.
El frente con el BONY podría abrir nuevos conflictos legales. Ocurre que una asamblea de bonistas es la única que está autorizada a rescindir ese contrato, según los términos de la deuda reestructurada. Por eso, el Gobierno instó al banco a renunciar. La entidad financiera pretende minimizar sus riesgos: si se corre, podría someterse a juicios por parte de los bonistas. Si es desplazado, podría demandar al Estado Nacional en tribunales de Nueva York.
El BONY y la cámara compensadora DTC son las entidades que tienen la información actualizada de los acreedores. Hasta ahora, el Estado depositaba la plata en el banco, que la giraba a una única cuenta de DTC, que, a su vez, la transfería a las cuentas comitentes de los bonistas. Ambas entidades están alcanzadas por órdenes de Griesa y no pueden colaborar con el país. Fuentes del mercado no saben cómo el Gobierno sorteará ese escollo. "Evidentemente, no hay un seguimiento de las cuentas comitentes", dijo el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen. "Pagar un bono no es solamente hacer el depósito mayorista, sino asegurar que la renta llegue al tenedor del bono", agregó.
Ante ese escenario, la alternativa es que el bonista "venga" a cobrarse del dinero depositado en Nación Fideicomisos, con pruebas que acrediten sus derechos. Otra vez, esto podría provocar nuevos juicios. Un acreedor puede no aceptar el cambio de condiciones, considerarse no pagado y demandar al país, además de pedir la aceleración de los bonos por la cláusula de cross default. En su reciente gira por Estados Unidos, el secretario de Finanzas, Pablo López, se encontró con representantes de fondos de inversión poco dispuestos a aceptar el cambio de condiciones de pago.
Economía no da pistas de cómo instrumentará el pago, pero dice que el país considerará que "ya pagó" con el mero hecho de depositar los u$s 190 millones en Nación Fideicomisos. Según fuentes oficiales, la Caja de Valores no participará de la operación, que será coordinada entre Nación Fideicomisos y la Oficina de Crédito Público.
En el medio queda una nueva audiencia con el juez Thomas Griesa, por la situación de los bonos de ley argentina que paga el Citibank. El juez dio a entender que permitiría esos pagos, pero cualquier movimiento tendiente a ratificar el desacato podría jugar en contra. Sobre todo, porque en el mercado todavía se esperanzan con que el magistrado revierta lo que consideran un "exceso" de jurisdicción y permita el pago de la deuda de ley europea.
