Antes de que La Libertad Avanza gane músculo en la Cámara alta a partir de diciembre, el peronismo comenzó a gestar su último manotazo de ahogado: mientras que buscan una sesión para marcarle la cancha al presidente Javier Milei el próximo jueves 20, también iniciaron trámites para bloquear la asunción de senadoras libertarias.
Como adelantó El Cronista, un tema pendiente para llevar al recinto y de extrema sensibilidad en la Casa Rosada es la ley que modifica el tratamiento de los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Se trata de la gran bomba a desactivar que representa el primer desafío de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ya inició tratativas para construir consensos como futura jefa de bloque de LLA.

El Gobierno había conseguido ganar tiempo con el rechazo del artículo 3 en Diputados para que, ante un eventual veto del Presidente, no den los tiempos para que se trate antes del recambio legislativo. Si lo tiene que votar el nuevo Congreso, el tercio violeta estará más que asegurado.
De todos modos, la idea es evitar la sanción de cuajo, ya que pueden abrirse interpretaciones sobre la facultad del Ejecutivo de vetar una ley reglamentaria del Legislativo, como ya plantearon algunos senadores.
Pero, además, la sesión que piensan para el jueves también podría colar otros temas delicados para el Gobierno, como la Auditoría General de la Nación (AGN). Este medio contó hace meses que una prioridad de la oposición era designar a las vacantes antes del recambio, y efectivamente la conversación resurgió durante los últimos días.
“Todo es un mar de dudas”, definió este lunes una fuente del Senado en diálogo con El Cronista. Lo cierto es que ningún senador consultado por este medio dio certezas sobre la real posibilidad de ir a sesión este jueves, pero todo indica que, de efectuarse, podría ser un día difícil para la Casa Rosada. La oposición también querrá incluir la designación de la Defensora del Niño.
A priori, la primera maniobra será este miércoles, cuando se reunirá la comisión de Asuntos Constitucionales para debatir los pliegos de los senadores electos. La decisión final se llevará al recinto el viernes 28, cuando Bullrich y la vicepresidente Victoria Villarruel acordaron llevar a cabo la sesión para la jura.
El peronismo dará la discusión sobre la idoneidad de Lorena Villaverde y Nadia Márquez. La rionegrina por sus vínculos con el empresario extraditado a Estados Unidos, Federico “Fred” Machado, acusado de delitos de narcotráfico y estafa. En tanto, la neuquina por tener antecedentes por estafa y otras defraudaciones, terminó en probation.

En LLA anticipan que difícilmente podrán respaldar a Villaverde y a la par insistir con la ley de Ficha Limpia. En cambio Márquez es un alfil de los Menem y Karina Milei en el Senado y es a quien apuntan para futura presidente provisional. Todo dependerá de las mayorías, ya que el Senado está facultado para votar los pliegos.
La ley para modificar los DNU: qué dice
La ley que modifica el tratamiento de los DNU establecía, como plato fuerte, un plazo de vigencia por 90 días corridos para estos decretos y el requerimiento de la aprobación de ambas Cámaras. Estos dos puntos no reunieron consenso suficiente y, luego de que la Cámara baja rechazara el artículo que establecía estas dos reglas, en el Senado el peronismo dictaminó el proyecto en disidencia y a favor de esa modificación.
De esta manera, sin la bancada de José Mayans difícilmente consigan la mayoría para sostener la redacción original en el recinto. La riojana Florencia López argumentó que fue para asegurarse de que, ante un eventual veto del Presidente, en la Cámara baja se puedan reunir los dos tercios para insistir.
La postura fue acompañada también por los senadores Alicia Kirchner, Pablo Bensusán, Sergio Leavy, Mariano Recalde y Silvia Sapag. Fue leído como otro “pacto” silencioso entre Milei y Cristina Kirchner, el cerebro detrás de la ley vigente.
Sin el artículo 3 la ley que quedaría sancionada implicaría solamente los siguientes efectos: los decretos deberán versar sobre una única materia-para evitar que se repita el caso del mega DNU 70/2023-, que las Cámaras podrán abocarse durante el receso, y que en el caso de que el Congreso rechace un DNU el Ejecutivo no podrá volver a dictar otro que verse sobre la misma materia durante ese año parlamentario.

La Auditoría General de la Nación es otra piedra en el zapato del Gobierno. Tras presiones entre Sergio Massa y Emilio Monzó en Diputados a mitad de año, el oficialismo consiguió bloquear la mayoría para la designación de las vacantes en pos de que se definan después del recambio.
Las maniobras incluyeron el amague de ampliar el organismo de control externo con un DNU mientras que Mayans y Martín Menem, en la Cámara alta, trabajaban en hacerlo vía ley con el agregado de disminuir los mandatos y posibilidad de reelección.
Como resultado del vaivén, con negociaciones por los jueces de la Corte Suprema en el medio como puente entre el peronismo y LLA, el tema quedó frizado y ahora los bloques que perderán poder de fuego en el Congreso quieren revivir la discusión y aprovechar esta última sesión con número para forzar las designaciones.
A las ocho vacantes por los Auditores Generales se suma que el presidente Juan Manuel Olmos, el único miembro en pie en el organismo, pasará a la legislatura porteña el año que viene. Al Senado le corresponden designar a cuatro y la idea del PJ es acordar con la Unión Cívica Radical (UCR) y dejar afuera al oficialismo.
En el Gobierno planeaban hace poco que en la Cámara alta vaya solo uno para el peronismo, otro provincial/radical y un último violeta, mientras que en Diputados vayan dos por el peronismo y un tercero violeta o aliado. “El problema siempre fue el radicalismo que nunca se puso de acuerdo”, resumió un alfil del Congreso al tanto de las negociaciones.
Efectivamente, el plan del peronismo atraviesa nuevamente la indecisión del radicalismo, por lo que un principio de acuerdo para ir a sesión el jueves asoma lejos. Quien está detrás de esa organización es Eduardo Vischi, el correntino jefe de bloque que impulsa tanto la sanción de DNU como los nombramientos de la Auditoría. El objetivo del Gobierno es que ese día no se abran las puertas del recinto porque una vez abierto el grifo, temen que no se cierre.
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