Un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires sin subsidios necesita, en octubre, $ 170.412 para cubrir sus necesidades de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público, según reveló el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA-CONICET.
La cifra representa una reducción del 1,9% respecto de septiembre, aunque acumula un incremento del 26% en comparación con octubre de 2024. La baja mensual se explica principalmente por factores estacionales.
Sin subsidios, el transporte representa casi la mitad del gasto
El transporte público constituye el rubro más pesado dentro de esta canasta, representando el 45% del gasto total con $ 76.418 mensuales.
Le siguen la factura eléctrica con $ 33.438 para usuarios de altos ingresos, el gas natural con $ 28.759 y el agua potable con $ 31.796. Esta estructura de gastos consume actualmente el 10,7% del salario promedio registrado, que alcanza los $ 1.600.815 en octubre.
Desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025, la canasta de servicios públicos acumuló un aumento del 514%, muy por encima del nivel general de precios que creció un 171% en el mismo período. No obstante, durante 2025 la tendencia muestra cierta moderación: mientras la canasta aumentó un 21% en lo que va del año, la inflación acumulada se estima en 24%.
El Estado Nacional continúa subsidiando el 50% de los costos promedio de los servicios públicos en el AMBA, aunque esta cobertura resulta despareja entre diferentes segmentos de usuarios. Los hogares de altos ingresos pagan el 80% del costo de la energía eléctrica y el 74% del gas, mientras que los sectores de menores ingresos solo cubren entre el 19% y el 27% según el servicio.
Los subsidios energéticos y de transporte muestran una reducción real del 46% acumulada hasta octubre respecto al año anterior. Esta contracción explica el 42% del superávit fiscal primario alcanzado por la administración nacional en los primeros nueve meses del año.
Las transferencias a CAMMESA y ENARSA cayeron un 39% y un 70% respectivamente en términos reales, mientras que los subsidios al transporte se redujeron un 22%.
El informe también destaca la fuerte disparidad tarifaria que persiste entre las diferentes provincias argentinas, producto de marcos regulatorios heterogéneos y distintos ritmos de actualización en los componentes de distribución.
Esta situación genera una multiplicidad de precios que refleja no solo diferencias en las estructuras de costos, sino también anomalías regulatorias que alteran artificialmente los niveles tarifarios en diversas jurisdicciones del país.
