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Las cuentas fiscales de las provincias volvieron a mostrar señales de deterioro durante 2025. Un relevamiento de la Fundación Libertad y Progreso (LyP) al que tuvo acceso El Cronista señala que las 23 jurisdicciones con información disponible —La Pampa no informa datos fiscales— incrementaron su gasto primario en términos reales un 8,9% respecto de 2024.
El aumento se produjo después del fuerte ajuste registrado durante el primer año de la gestión de Javier Milei y terminó erosionando el resultado fiscal que habían conseguido los distritos.
Según el informe, el incremento del gasto se verificó en todas las jurisdicciones analizadas, aunque con diferencias muy marcadas. Santiago del Estero encabezó la expansión, con una suba real del 48,1%, seguida por Neuquén (22,5%), Jujuy (18,8%) y Formosa (18%).
También hubo aumentos de dos dígitos en otras doce provincias. En la Ciudad de Buenos Aires, el gasto primario creció 9,1%, mientras que en la provincia de Buenos Aires avanzó 1,4%.
El resultado fue un deterioro de las cuentas en 19 de las 23 jurisdicciones. Además, nueve distritos que habían terminado 2024 con superávit pasaron a mostrar déficit primario: CABA, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
El efecto rebote después del ajuste
Para entender el deterioro hay que mirar el punto de partida. Durante 2024, las provincias aplicaron un fuerte ajuste en sus gastos, en un contexto de caída de transferencias discrecionales de la Nación y de una política fiscal nacional orientada a alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas.
Ese proceso generó una mejora importante de los resultados provinciales. En 2025, en cambio, comenzó una recomposición del gasto. Un informe de Fundación Encuentro elaborado sobre datos de DNAP muestra que, durante el primer semestre de ese año, el gasto primario provincial había aumentado 23% real interanual, mientras que los ingresos crecían 10,5%.
La propia entidad señaló que parte de esa expansión debía interpretarse como un efecto rebote frente al piso excepcionalmente bajo de 2024.
El problema es que esa recuperación del gasto continuó durante el resto del año y terminó superando el crecimiento de los recursos. Al cierre de 2025, el consolidado provincial pasó de superávit a déficit tanto en el resultado primario como en el financiero, según los datos de DNAP recopilados por distintas entidades.
El contraste es relevante porque se produjo mientras el Gobierno nacional sostenía su propia estrategia de equilibrio fiscal. El Sector Público Nacional terminó 2025 con un superávit financiero equivalente a aproximadamente 0,2% del PBI y un resultado primario de 1,4% del PBI, según informó el Ministerio de Economía.
La discusión por Ingresos Brutos
Para Libertad y Progreso, el deterioro de las cuentas provinciales tiene además una consecuencia sobre otra discusión que atraviesa la relación entre Nación y provincias: la reducción de impuestos locales, especialmente Ingresos Brutos.
El impuesto es una de las principales fuentes de recursos propios de las provincias, pero también es cuestionado por su carácter acumulativo: grava las distintas etapas de producción y comercialización y puede trasladarse a los precios finales.
El informe de LyP sostiene que el compromiso asumido en el Consenso Fiscal de 2017 de reducir progresivamente las alícuotas quedó suspendido y posteriormente abandonado. De acuerdo con su relevamiento tributario, la industria manufacturera debía converger hacia una alícuota de 0%, pero actualmente enfrenta una mediana provincial de 1,5%. En electricidad, gas y agua la mediana alcanza 3,1%, frente a una meta original de 0%, mientras que en intermediación financiera llega al 8,5%, contra el 5% previsto.
La entidad plantea, por eso, retomar un esquema de reducción gradual de Ingresos Brutos acompañado por metas de gasto verificables. Su argumento es que una rebaja de impuestos requiere previamente que las provincias encuentren espacio fiscal para sostenerla.
Una discusión que vuelve al centro de la relación Nación-provincias
El planteo adquiere relevancia en el actual escenario político y fiscal. Las provincias mantienen una fuerte dependencia de los recursos de origen nacional y, al mismo tiempo, reclaman mayores fondos y cambios en el reparto de recursos.
El Presupuesto Abierto de 2026 muestra la magnitud de esa dependencia: dentro de los recursos corrientes del sector público provincial consolidado, los de jurisdicción nacional representan una porción mayoritaria, mientras que los recursos propios tributarios constituyen el principal componente de la recaudación provincial.
A su vez, durante 2026 la Nación otorgó anticipos financieros a distintas provincias, con devolución dentro del mismo ejercicio y afectación de recursos coparticipables como garantía. En abril se habilitaron anticipos de hasta $400.000 millones para un conjunto de provincias y en julio se dispuso un mecanismo similar para Córdoba.
En ese marco, el debate fiscal ya se proyecta sobre el Presupuesto 2027. Mientras los gobernadores buscan asegurarse recursos para sostener sus presupuestos, el Gobierno nacional intenta mantener el equilibrio fiscal como eje de su programa.
