La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) inició este miércoles el proceso de desclasificación y publicación de archivos correspondientes al período 1973-1983, en cumplimiento de una orden del presidente Javier Milei. La medida llega a cuatro días del 50° aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976 y en simultáneo con un debate en el Senado que expuso las diferencias entre la línea de La Libertad Avanza y el resto del arco político sobre cómo conmemorar esa fecha. En esta primera etapa se publicarán 26 documentos oficiales distribuidos en 492 páginas: resoluciones, informes, memorandos, circulares y directivas producidas entre el 1 de enero de 1973 y el 10 de diciembre de 1983. El material fue organizado en carpetas temáticas y se publicará junto a una guía elaborada para facilitar su comprensión por parte de historiadores, investigadores y comunicadores. El proceso contempla además la conservación del material y su posterior traspaso al Archivo General de la Nación. El año pasado, cuando el Gobierno hizo un anuncio, organizaciones especializadas señalaron que parte de los documentos vinculados al período dictatorial ya habían sido desclasificados por un decreto de Cristina Fernández de Kirchner en 2010, y que la exAFI había habilitado su consulta pública desde 2021 a través de una mesa conjunta con organismos de derechos humanos y el Archivo Nacional de la Memoria. El Gobierno sostiene que la diferencia está en la sistematización, digitalización y publicación activa del material, no solo en su disponibilidad para pedidos de acceso a la información. El período de los archivos va en línea con la “batalla cultural” que da el oficialismo, en lo que denomina “memoria completa”, una línea discursiva que cuestiona el consenso construido desde 1983 en torno al Nunca Más y busca incorporar la violencia de las organizaciones guerrilleras de los años 70 como parte de la narrativa histórica. Es la misma lógica que llevó al Senado, este mismo miércoles, a uno de sus debates más tensos del año. El senador peronista Eduardo “Wado” de Pedro, cuyos padres fueron secuestrados y desaparecidos por la dictadura, presentó minutos antes del inicio de la sesión un proyecto de resolución para que el Senado declare su “compromiso permanente con la Memoria, la Verdad y la Justicia” a 50 años del golpe. El texto reafirmaba el consenso democrático de 1983, el principio del Nunca Más y la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad. Durante la sesión del miércoles, la senadora y jefe de bloque Patricia Bullrich se distanció de la iniciativa. LLA pidió demorar la votación para buscar un consenso y trató de negociar un texto alternativo con UCR y PRO, que reemplazaba la referencia a “Memoria, Verdad y Justicia” por un “compromiso con el orden constitucional” y agregaba la “condena a cualquier tipo de violencia”, una fórmula que el oficialismo usa para instalar la equiparación entre los crímenes de Estado y la violencia de las organizaciones terroristas de los años ´70. Sin consenso, la resolución de De Pedro se aprobó por unanimidad con 49 votos afirmativos. LLA se abstuvo con 20 votos, ya que el recientemente incorporado del PRO, Luis Juez, fue el único senador del bloque oficialista que votó a favor. Bullrich reaccionó este jueves en redes: “El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los DDHH para convertirlos en un negocio político. Impuso un relato, persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación. Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado.” Cerró con la frase: “Se terminó el monopolio de la memoria”. La desclasificación de la SIDE y la abstención en el Senado son dos caras de la misma postura. La postura del Gobierno no rechaza la conmemoración del 24 de marzo, pero, de esta manera, la interviene y abre archivos del período 1973-1983 para incluir los años del gobierno de Isabel Martínez de Perón y la Triple A e instalar que la violencia política no empezó el 24 de marzo de 1976 sino antes, y que cualquier lectura que no contemple ese período previo es, en su visión, un relato parcial. Comenzar el período en 1973 en lugar de 1976 es una decisión política: permite incluir documentos sobre la actividad terrorista de Montoneros, el ERP y otros grupos armados antes del golpe, lo que alimenta el argumento de la “memoria completa” que el oficialismo desplegará con más intensidad el martes 24, cuando se cumplan los 50 años del golpe. Para la conmemoración del año paso, el Gobierno publicó un video de 20 minutos protagonizado por Agustín Laje, escritor cordobés y presidente de la Fundación Faro, el think tank creado por Milei para sostener la “batalla cultural” del oficialismo. El video cuestionó la cifra de los 30.000 desaparecidos, apuntó contra el financiamiento estatal a los organismos de derechos humanos y sostuvo que los mecanismos represivos implementados tras el golpe ya habían sido puestos en práctica previamente, bajo la lógica de que en los años ’70 existió una “guerra revolucionaria” que la narrativa oficial habría ocultado. La pieza tuvo más de 12 millones de reproducciones y generó una polarización inmediata entre quienes rechazaron su contenido y quienes lo respaldaron. Milei la retuiteó con el comentario “Memoria, Verdad y Justicia. Completa".