El proyecto de reforma laboral aprobado por el Senado contempla un costo fiscal de 0,47% del PBI, del cual 0,41 puntos porcentuales corresponden a la Nación y 0,06 a las provincias y CABA. Debido a los cambios que introdujo el Gobierno —como la eliminación de las rebajas del impuesto a las Ganancias para empresas y el recorte en la disminución de aportes patronales al Fondo de Asistencia Laboral (FAL)— el impacto presupuestario directo inicial total anual estimado sufrió una caída del 48%. Los cálculos surgen de una serie de proyecciones difundidas por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que además diferenció cómo disminuyó el costo fiscal soportado por cada jurisdicción. “El costo soportado por el Gobierno Nacional descendió un 42% y el soportado por provincias y CABA lo hizo en un 69%”, precisó el informe. En materia fiscal, son números muy sensibles para la administración de Javier Milei. En 2026, para sostener el superávit y cumplir la meta de 1,5% del PBI, el Ministerio de Economía deberá lograr una mejora respecto del resultado de 2025 (1,4% del PBI). En enero se registró una caída real de la recaudación tributaria. Este escenario obliga al Ejecutivo a achicar gastos. Según la consultora Analytica, el gasto primario real devengado disminuyó un 4,2% interanual, alcanzando un valor históricamente bajo. Dentro de las partidas con mayores ajustes reales respecto de enero de 2025 figuran, entre otras, la obra pública (-97,1%), la construcción (-95,8%), las transferencias de capital, las transferencias a provincias (-64,5%) y los programas sociales (-35,7%). “Considerando la negativa del Gobierno a subir impuestos y con una actividad que le cuesta despegar, esta brecha generada por menores ingresos y más gasto demandará una nueva ola de ajustes en 2026″, anticipó la consultora LCG en un informe difundido a mediados de enero. En esa misma línea, la consultora Invecq señaló que la meta de superávit deja un margen acotado para una reducción significativa de impuestos. El costo fiscal de la Ley de Modernización Laboral (versión primaria) —reducción de Ganancias, FAL y eliminación de impuestos internos— era de 0,89% del PBI, con una distribución de 0,71% para la Nación y 0,19% para las provincias y CABA. El proyecto original, en su artículo 190, contemplaba una rebaja de alícuotas en Ganancias (del 30% al 27% —tramo medio— y del 35% al 31,5% —tramo superior—), con un costo fiscal estimado por el IARAF de 0,22 puntos porcentuales del producto. No obstante, dado que en la versión aprobada por la Cámara Alta se suprimió el beneficio para sociedades, dicho gasto quedó sin efecto. En ese sentido, prevaleció el reclamo de los gobernadores, quienes no estaban dispuestos a resignar parte de los recursos coparticipables. Respecto al Fondo de Asistencia Laboral —un esquema de indemnizaciones para el sector privado que reduce las contribuciones patronales destinadas a la ANSES—, el plan original contemplaba una merma de ingresos equivalente al 0,57% del PBI. En un principio, el recorte de la carga patronal era del 3%. Ahora, en el texto que obtuvo el aval del Senado, se estableció en 1% para las grandes empresas y en 2,5% para las pymes. Sin embargo, el Ministerio de Economía podrá incrementar la carga en hasta 0,5 puntos porcentuales para sostener el equilibrio fiscal. En consecuencia, el costo fiscal se redujo a 0,37 puntos porcentuales del PBI en el escenario base. En caso de que el Gobierno haga uso de dicha facultad, el impacto presupuestario ascendería a 0,47 puntos porcentuales del PBI. Pese a estas modificaciones, la iniciativa oficial mantuvo la eliminación de impuestos internos coparticipables (seguros, servicios de telefonía celular y satelital, objetos suntuarios y vehículos automóviles y motores, embarcaciones de recreo o deportes y aeronaves). Según el IARAF, la supresión de estos tributos tendría un costo fiscal directo inicial anual estimado de 0,1% del PBI. La pérdida sería de 0,04 puntos para la Nación y de 0,06 puntos para las provincias y CABA. “Un mayor consumo puede derivar en mayor recaudación de otros impuestos tanto nacionales como provinciales. En este último caso, los efectos indirectos son la vía para una posible compensación de la pérdida inicial de recaudación”, explicó la asociación dirigida por el economista Nadin Argañaraz. El monto total estimado para 2026 ascendería a $ 379.396 millones, según detalló la Comisión Federal de Impuestos, organismo encargado de controlar y fiscalizar la distribución transitoria de recursos coparticipables. Las provincias y CABA resignarían alrededor de $ 219.140 millones, cerca del 60% del total. Por su parte, la Nación dejaría de recaudar $ 149.768 millones —alrededor del 40%—, mientras que el resto se distribuiría entre la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Fondo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Aun así, el número de tributos nacionales se reduciría de 45 a 37 a partir de 2028, dado que la derogación de los impuestos vinculados a entradas de espectáculos cinematográficos y servicios de comunicación audiovisual entrará en vigor en esa fecha. De esta manera, los gravámenes totales (Nación, provincias y municipios) pasarían a ser 147.