La creciente “fábrica de litigios” impulsada por el Estado nacional alcanzó niveles récord y empieza a generar efectos concretos sobre el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, que enfrenta un volumen de causas que compromete su rol institucional. Así lo advierte un reciente informe del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES), que pone el foco en el peso creciente del sector público —y en particular del sistema previsional— dentro del universo de expedientes que llegan al Máximo Tribunal. Según el relevamiento, en 2024 ingresaron a la Corte 45.678 recursos, un 41% más que el año anterior, marcando un máximo histórico. Más de la mitad de ese total —el 56%— corresponde a litigios impulsados por el propio Estado, lo que configura un fenómeno estructural: el Estado no sólo es parte en los procesos judiciales, sino el principal generador de conflictividad. Dentro de ese universo, la ANSES explica por sí sola el 91,6% de los recursos estatales, porcentaje que se eleva al 94% si se suman los organismos previsionales militares. La magnitud del fenómeno se vuelve más evidente al comparar: los recursos previsionales presentados en 2024 equivalen al total de causas que llegaron a la Corte en 2019 por parte de todos los actores del sistema judicial. El concepto de “fábrica de litigios” alude precisamente a esta dinámica: una política implícita de trasladar costos económicos y temporales al sistema judicial y a los propios ciudadanos, postergando el cumplimiento de obligaciones estatales. En la práctica, esto genera una litigiosidad masiva, especialmente en materia previsional, que desborda la capacidad operativa del tribunal. Las consecuencias no son menores. Por un lado, se advierte un progresivo desdibujamiento del rol de la Corte como intérprete último de la Constitución. En lugar de concentrarse en cuestiones de relevancia institucional, el tribunal se ve obligado a actuar como revisor de expedientes administrativos en masa. Por otro, el atraso en la resolución de causas genera un pasivo económico significativo: sólo entre 2020 y 2024, el stock estimado supera los $3,1 billones, sin contar las más de 62.000 causas aún pendientes, que representan un pasivo oculto para las cuentas públicas futuras. Además, el flujo constante de nuevos casos supera la capacidad de resolución. En el período 2020-2024 ingresaron casi 150.000 recursos, de los cuales apenas 87.000 pudieron ser resueltos. Este desbalance alimenta un círculo vicioso en el que la acumulación de expedientes incrementa la demora y, a su vez, la litigiosidad. Desde FORES advierten que, de no mediar cambios, el sistema podría enfrentar un deterioro institucional más profundo. En ese sentido, proponen avanzar hacia un “Estado resolutivo”, que desincentive la litigiosidad abusiva y priorice la resolución administrativa de conflictos, especialmente en el ámbito previsional.