La cúpula del Poder Judicial aprovechó la cena anual de la Asociación de Magistrados para enviar un mensaje político nítido hacia la Casa Rosada y el Congreso. En un clima de tensión acumulada por el impacto de las vacantes, la lentitud de los concursos y los cuestionamientos crecientes al Consejo de la Magistratura, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, articuló un discurso donde remarcó los límites institucionales del sistema de designación de jueces.
Rosatti definió la cobertura de vacantes como “la preocupación y demanda fundamental” del Poder Judicial, y defendió explícitamente al Consejo de la Magistratura. Lo hizo no solo como reivindicación del organismo que preside, como cabeza de la Corte Suprema, sino como advertencia frente a propuestas que circulan en sectores del oficialismo y del Congreso para modificar o reemplazar el esquema vigente.
El ministro enfatizó que solo existen “tres sistemas posibles” de selección de magistrados: la elección popular, la designación directa del Ejecutivo como antes de la reforma de 1994 o el actual sistema de concursos públicos. Y advirtió que los dos primeros colisionan con la Constitución.
“Para implementarlos hay que reformar la Constitución, con todo lo que esto significa”, remarcó, en una referencia directa a los requisitos reforzados de mayorías especiales y convocatoria a una Convención Constituyente.
En la lectura política de la Corte, el señalamiento no fue accidental. Rosatti respondió así a diversos planteos que, desde la política, procuran revisar el funcionamiento del Consejo o plantean modelos alternativos de selección. El mensaje fue doble: respaldo al organismo y advertencia institucional ante cualquier intento de eludir los procedimientos actuales.
Minutos antes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había coincidido en la preocupación por las vacantes, pero lanzó una acusación hacia el Congreso. Atribuyó a la inacción legislativa la imposibilidad de avanzar en los pliegos y calificó al Parlamento como “una máquina de impedir”.
Aunque buscó mostrarse colaborativo con la Corte, el contraste quedó expuesto: mientras el Ejecutivo responsabiliza a la política, Rosatti subraya que el propio Consejo está acelerando concursos y procesos disciplinarios.
El presidente del máximo tribunal también reivindicó la tarea del Consejo en el juzgamiento de magistrados, un área históricamente rezagada. “Es el propio Consejo el que está poniendo el foco en la conducta de los jueces que generan sospechas”, sostuvo, como parte de una narrativa que busca mostrar un Poder Judicial dispuesto a depurarse internamente.
La mención de la cabeza del máximo estamento judicial funcionó como un mensaje hacia la opinión pública en un momento de fuerte cuestionamiento social y político al funcionamiento del sistema.
En clave institucional, Rosatti reforzó otro eje sensible: la especialización y capacitación para abordar causas complejas, incluidas las vinculadas con narcotráfico, lavado de activos, corrupción y delitos informáticos como la pornografía infantil. La Corte busca dejar asentado que el fortalecimiento del sistema requiere más recursos, mayor profesionalización y estabilidad institucional, no reformas disruptivas.
La tensión entre los distintos actores quedó más expuesta cuando el titular de la Asociación de Magistrados, Andrés Basso, habló de una “crisis de credibilidad” y advirtió que existen factores que buscan “debilitar la independencia judicial”. Lo hizo poco antes de que Cúneo Libarona defendiera los principios de austeridad fiscal de Javier Milei y reclamara avanzar con el traspaso de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa a la que Basso acababa de oponerse.
El cierre de la noche quedó en manos del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien reforzó el concepto de imparcialidad judicial y remarcó que los jueces deben ser “fieles al derecho”, aun cuando el contexto político presione en sentido contrario. También apuntó que la normalización del sistema depende del accionar de los otros poderes del Estado, en línea con la preocupación expresada por Rosatti sobre las demoras en las designaciones.
En conjunto, el evento expuso un Poder Judicial que busca recomponer legitimidad, pero también marcar límites en un momento de alta conflictividad política. Entre reclamos por vacantes, advertencias sobre la independencia judicial y un mensaje explícito contra cualquier reforma constitucional encubierta, la Corte dejó claro que no piensa ceder terreno en la disputa por el control institucional del sistema de justicia.
