El Gobierno porteño puso en marcha una nueva etapa del plan de ordenamiento en la Villa 31 con operativos de seguridad, controles en los accesos y restricciones al ingreso de materiales de construcción, con el objetivo de frenar el crecimiento urbano informal dentro del barrio. Desde esta semana comenzaron a funcionar retenes policiales y cambios en la circulación interna que buscan limitar el ingreso de vehículos y reforzar la fiscalización territorial. La medida forma parte de un esquema coordinado entre la Jefatura de Gabinete y las áreas de Seguridad, Espacio Público, Desarrollo Humano y Hábitat, junto con la Secretaría Legal y Técnica. Según informaron fuentes oficiales, cinco de las trece entradas vehiculares fueron transformadas en calles peatonales, mientras que tres accesos tendrán presencia permanente de la Policía de la Ciudad, que se suman a otros tres puestos ya existentes. Además, dos calles pasaron a ser contramano y se instalaron bolardos para restringir la circulación. Los controles también serán itinerantes y rotativos, con operativos de fiscalización en distintos puntos del barrio. Este jueves hubo retenes en accesos ubicados sobre Colibrí y Ramos Mejía, Yaguareté e Islas Galápagos y Colibrí y Alberto Chejolán, en las inmediaciones de Retiro y el Barrio Saldías. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, defendió el operativo y sostuvo que el objetivo es reforzar el cumplimiento de las normas urbanas dentro del barrio. “No hay zonas liberadas ni lugares donde la ley sea opcional. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”, afirmó. El plan incluye inspecciones sobre construcciones irregulares, desalojos de terrenos ocupados y clausuras de actividades comerciales no habilitadas. Desde el Ejecutivo porteño señalan que la urbanización iniciada en 2016 no logró frenar el crecimiento desordenado ni consolidar el ordenamiento territorial previsto en la Ley 6.129, por lo que decidieron avanzar con nuevas medidas. En las últimas semanas se realizaron operativos para despejar veredas ocupadas por depósitos informales, remover estructuras que bloqueaban la circulación y clausurar corralones de materiales de construcción que funcionaban sin autorización. También se destacó la demolición reciente de una casilla utilizada para la venta de drogas. “No podemos permitir que el crecimiento descontrolado siga poniendo en riesgo a los vecinos”, sostuvo Macri al referirse al operativo. La Villa 31 ocupa unas 72 hectáreas frente a la terminal de Retiro y alberga a unas 45.000 personas. El crecimiento poblacional y la falta de controles sostenidos derivaron en un mercado inmobiliario informal que incluye alquileres de viviendas y locales comerciales dentro del barrio. Según estimaciones oficiales, los alquileres residenciales oscilan entre $300.000 y $1 millón mensuales, mientras que los locales comerciales pueden alcanzar valores de entre $1,5 y $1,8 millones. La Ciudad sostiene que este esquema favorece circuitos económicos informales y prácticas especulativas vinculadas a la venta de espacios construidos sin regulación. El Gobierno porteño afirma que el plan de ordenamiento apunta a consolidar la integración urbana bajo un mismo marco normativo para toda la Ciudad, combinando controles de seguridad con medidas de reorganización del espacio público