El gobernador bonaerense Axel Kicillof se mantiene expectante respecto del tratamiento de tres leyes que considera clave -entre ellas la autorización para negociar un préstamo que le asegure el pago de deuda de la gestión Vidal- y, con ese fin, negocia con propios y ajenos en la adversa Legislatura.
El Ejecutivo intenta conseguir una ley de Presupuesto y una ley Fiscal-Impositiva después de dos años de frustraciones en la que las mayorías opositoras -y las internas peronistas-, por diversos motivos, bloquearon el tratamiento de ambas normas.
Esta vez, no sólo el oficialismo pide la sanción: según pudo saber El Cronista, diversos sectores de la economía bonaerense, en especial desde la industria, reclaman la sanción de una ley que actualice las alícuotas impositivas.
Los proyectos fueron presentados hace algunos días atrás, pero tomar estado parlamentario el miércoles pasado, cuando fueron recibidos por el pleno de la Cámara de Diputados.
El kicillofismo es, en la actualidad, una minoría dentro del bloque no mayoritario del peronismo. En los años anteriores prevalecieron las posturas opositoras, tanto las de otras fuerzas como las que se vivieron en el seno de los aliados.
Esta vez, el diálogo está en manos de dos personas de confianza del gobernador: el ministro de Economía, Pablo López, y la secretaria de Gobierno, Agustina Vila. Ellos llegan a la mesa con dos cartas negociadoras que no estuvieron en años previos, pero mantienen algunas condiciones.
“La discusión que precede a la votación de las leyes de presupuesto, impositiva y de financiamiento se encamina a partir de la buena recepción que han tenido de la mayoría de los bloques”, dijo esta semana un funcionario con línea directa al gobernador.
En el Ejecutivo se muestran esperanzados de que la aprobación llegue en la última semana de noviembre, antes del recambio legislativo.
Creen que hay dos llaves que destrabarán posiciones, una que apunta a los legisladores opositores y otra a los intendentes, tanto peronistas como del otro lado de la grieta.
La oposición viene, desde hace años, reclamando cargos en distintos organismos que les corresponden y cuyo debate no había sido habilitado por el oficialismo. Esta vez, habrá una propuesta en ese sentido.
Igual de importante es la conformación de un fondo especial que será financiado por el endeudamiento que pide el gobernador y que se destinará a los municipios.
“Es un recurrente pedido de un fondo a disposición de los intendentes”, señalaron desde el Ejecutivo. Se reconoce, de esta manera, que muchos intendentes tienen sus números en rojo y que harán lo imposible para conseguir dinero fresco.
“Presupuesto, fiscal impositiva y endeudamiento, todas están orientadas a dar respuesta a las necesidades de los bonaerenses en esta situación de emergencia en la que se encuentra la Provincia como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional y el ahogo financiero al que Javier Milei somete a las provincias en general, más acuciantemente a la PBA”, aclararon.
Sin embargo, el kicillofismo insistirá con el tratamiento y aprobación conjunta de las tres normas. Dentro del oficialismo, sectores disidentes, recuerdan que el año pasado se podría haber aprobado el Presupuesto, pero apuntan que, por haber buscado la aprobación unitaria de las normas, no se consiguió sancionar nada.
Afuera quedan otras negociaciones, al menos por ahora. Se sostuvo que un sector de intendentes pretende una reforma política que les otorgue la reelección. Eso está, por ahora, descartado: “No hay espacio para negociar otras cosas en esta circunstancia, lo que está en juego son los sueldos de maestros, médicos, enfermeros, policías”.
“Lo que se está debatiendo es si seguimos cubriendo la alimentación de las familias, los remedios e insumos de hospitales, si seguimos comprando patrulleros y tecnología para combatir el delito. Queremos creer que no pretenden negociar teniendo a 17 millones de bonaerenses de rehenes”, azuzaron cerca de Kicillof.
