En medio del mayor revés judicial que sufrió hasta ahora la reforma laboral impulsada por el Gobierno, el debate sumó un nuevo frente político. La senadora nacional Flavia Royón presentó un proyecto de ley para derogar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los ejes centrales del nuevo esquema de indemnizaciones. La iniciativa se conoce apenas un día después de que la Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que suspendió entre 70 y 80 artículos de la reforma, incluido el propio FAL. El fallo, con alcance general, frenó la aplicación de los cambios hasta que se resuelva la cuestión de fondo sobre su constitucionalidad. En ese contexto, la avanzada legislativa de Royón apunta directamente contra el núcleo del modelo que buscaba modificar el sistema de despidos en la Argentina y abre un nuevo capítulo en la disputa política, judicial y técnica por la modernización laboral. La senadora, que llegó a formar parte del Gobierno -tuvo el cargo de secretaria en el área de Minería- y fue desplazada tras el fracaso inicial de la Ley Bases en el Congreso, planteó ahora la eliminación total del mecanismo. Su proyecto propone la derogación integral del Título II de la Ley 27.802. En los fundamentos, Royón cuestiona la naturaleza del esquema al sostener que “no constituye un verdadero sistema de seguridad social, sino un modelo de capitalización privada financiado indirectamente con recursos públicos”. Royón ya había dejado asentada su posición durante el tratamiento legislativo de la reforma. Según reconstruyeron desde su entorno, “votó a favor en general pero votó en contra del FAL durante el tratamiento en particular en contra; hizo un discurso muy puntual respecto del FAL, en contra”. Un vocero subrayó ante El Cronista: “Tiene una oposición ´filosófica´ al esquema". Dijo, entre otras cosas, Royón en el debate: “¿En qué difiero de este proyecto? El FAL, el Fondo. No me parece correcto que socialicemos el riesgo empresario, no me parece correcto sin antes discutir el tema previsional, que sean nuestros jubilados o indirectamente el Estado, quiere decir todos nosotros, los que terminemos pagando las indemnizaciones del sector privado, cuando este proyecto ya resuelve las indemnizaciones con claridad y las cláusulas de actualización”. En ese mismo proyecto también figura como firmante la senadora Carolina Moisés, quien directamente votó en contra en general de la reforma laboral, marcando una diferencia más amplia con la iniciativa oficial. El Fondo de Asistencia Laboral fue diseñado como una alternativa al régimen tradicional de indemnizaciones. En lugar de un pago único ante el despido, el sistema prevé aportes mensuales del empleador que se acumulan en un fondo destinado a cubrir la eventual desvinculación. Este cambio implica una transformación estructural del esquema vigente en la Ley de Contrato de Trabajo, al permitir que el costo del despido se anticipe y se distribuya en el tiempo, en lugar de concentrarse en el momento de la ruptura laboral. Sin embargo, tanto en el plano judicial como en el político comenzaron a multiplicarse los cuestionamientos. La presentación de la CGT derivó en la cautelar que frenó la reforma, bajo el argumento de que podría afectar derechos laborales de raigambre constitucional. El fallo considera que existía “verosimilitud del derecho” y “peligro en la demora”, y advierte que la aplicación de los cambios podría generar daños irreparables. También señala que algunas modificaciones podrían implicar una “desprotección” de los trabajadores. En paralelo, el proyecto de Royón pone el foco en el impacto fiscal y distributivo del FAL. Según estimaciones incluidas en la iniciativa, el esquema implicaría una caída de recaudación de 3,28 billones de pesos, equivalente al 0,32% del PBI. La senadora advierte que ese desfinanciamiento afectaría al sistema previsional y a las prestaciones sociales, al reducir las contribuciones patronales que hoy sostienen esos mecanismos. Además, cuestionó el efecto del fondo sobre los incentivos del mercado laboral. “Debilita el rol disuasorio que históricamente cumple la indemnización por despido”, afirmó, al señalar que el costo se transforma en un aporte mensual que “licúa la responsabilidad empresaria”. Otro de los puntos críticos del proyecto apunta a la heterogeneidad en la capacidad de financiamiento entre empresas. Según las simulaciones incorporadas, una microempresa con 10 empleados necesitaría casi siete años para reunir el equivalente a una indemnización de 20 años de antigüedad, mientras que una gran firma podría hacerlo en apenas dos meses. Para Royón, esa asimetría termina perjudicando a las pymes y microempresas, que enfrentan mayores dificultades para sostener el esquema. “La Argentina necesita modernizar su sistema laboral, pero no a costa de debilitar la seguridad social, socializar el costo de los despidos o perjudicar a quienes sostienen empleo genuino y estable”, sostuvo la legisladora. El Gobierno, por su parte, ratificó que defenderá la reforma en la Justicia. Desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que “se agotarán todas las instancias judiciales necesarias” para garantizar la vigencia de la ley. La estrategia oficial combina la apelación del fallo con movimientos en el plano judicial para intentar que las causas migren al fuero contencioso administrativo, en busca de un ámbito más favorable. En ese escenario, el conflicto por la reforma laboral queda abierto en múltiples frentes. La cautelar suspendió su aplicación, el Ejecutivo prepara su defensa y el Congreso suma ahora una iniciativa que busca eliminar por ley uno de sus pilares.