En 10 días, el jueves 12, la Corte Suprema de Estados Unidos decidirá la suerte de Argentina en el juicio contra el fondo NML Capital. En el Ejecutivo confían en que el tribunal pedirá la opinión al Fiscal General de la administración de Barack Obama, lo que extendería la vida del país en este caso hasta fin de año.


Ese es el escenario que en el Gobierno manejan como más probable, indicaron tres fuentes oficiales. Básicamente, la Corte Suprema tiene tres alternativas: puede rechazar entrometerse en el caso y ratificar la sentencia a favor de los holdouts, por la que la Argentina debe pagar u$s 1.500 millones en efectivo o ese dinero se deducirá de los pagos regulares de deuda; puede pedir la opinión del gobierno de Estados Unidos antes de decidir o puede, lisa y llanamente, aceptar tomar el caso.


Distintos expertos consideraron en estas últimas semanas que el escenario más probable para Argentina es el primero: la Corte rechazaría el caso y dejaría válida la sentencia del juez de Nueva York, Thomas Griesa, ratificada por la Corte de Apelaciones de ese Estado. En resumidas cuentas, el fallo considera que el país incumplió la cláusula de pari passu o tratamiento igualitario de los bonos en default y lo obliga a pagar el 100% del reclamo más intereses. Además, ata a los agentes de pago a cumplir la sentencia al embargar desembolsos de deuda reestructurada si el país no cumple. En distintos escritos, los abogados de Argentina sostuvieron que esa sentencia viola la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos al disponer el embargo de fondos que están en otro estado soberano.


Ante la sensibilidad de la cuestión el Gobierno tiene la expectativa de que la Corte consulte a Obama. Esa hipótesis transmitieron el ministro de Economía, Axel Kicillof, y otros funcionarios del Palacio de Hacienda en distintas reuniones con entidades financieras. Ese es el escenario que manejan como el más probable, indicaron las fuentes.


Si la Corte pospone la decisión y pide la opinión del Procurador General de Estados Unidos, la tradición indica que el Poder Ejecutivo se explaye. En una instancia anexa a la causa de pari passu, conocida como Discovery, en la que los fondos buitre exigieron saber qué bienes embargables tiene el país, la administración Obama apoyó a Argentina. Fuentes familiarizadas con el caso indicaron que la opinión del Procurador General se mantendría si la Corte vuelve a requerir su participación. Tras el arreglo con el Club de París, agregaron, el clima en la administración Obama para con Argentina es más favorable.


De esta manera, el país ganaría tiempo. Los abogados de la Argentina, Paul Clement y el estudio Cleary Gottlieb, indicaron que así se llegaría a diciembre o enero. Eso permitiría negociar con Paul Singer, de NML Capital, con más espalda: a partir del año entrante cae la cláusula RUFO de los bonos renegociados, que impide al Ejecutivo hacer una mejor oferta que la del canje a los tenedores de títulos en default.


La expectativa es que la Corte Suprema de Estados Unidos tome el caso y entienda que esta disputa no es una simple controversia entre dos privados que firmaron un contrato sino que se está poniendo en juego la capacidad de los países en default de reestructurar su deuda en situaciones que sean sostenibles para el país y para los propios acreedores, dijo el secretario de Política Económica, Emmanuel lvarez Agis, a FM Nacional Rock.


El viernes, en una charla con periodistas, Kicillof descartó que el país mejore su oferta en esta etapa: Yo tengo un arreglo para hacer con los fondos buitre, ya lo dije: pueden entrar al canje el día que quieran, en las mismas condiciones, dijo. El canje se reabrirá cuando el Gobierno reciba una solicitud de reestructuración, afirmó.


¿Qué pasará si la Corte rechaza el caso y conmina a Argentina a pagar? El país dijo a la Corte Suprema que eso reabriría potenciales demandas por u$s 15.000 millones. Pero, en rigor, el Gobierno no espera una ola de juicios. Más allá de los litigantes y un puñado de bonistas italianos y con el 93% de la deuda reestructurada, se desconoce que existan más holdouts listos para ir a tribunales. Por lo pronto, Economía trabaja en alternativas para garantizar los pagos a los acreedores con bonos reestructurados. El tiempo apremia: el 30 de junio es el próximo vencimiento.