El Gobierno se prepara para la nueva etapa con desafíos como la compra de reservas o las colocaciones de deuda en el exterior tanto de la Nación como de las provincias.
La baja del riesgo país alineó a las provincias para que se preparen a salir a colocar deuda en los mercados internacionales. Es Santa Fe la primera en la lista, que busca colocar entre u$s 700 millones y u$s 1000 millones. Le siguen Chubut y Córdoba, que va a reabrir el bono que colocó a mitad de año para alcanzar un financiamiento total de u$s 1000 millones.
Las provincias trabajan para conseguir los avales de la Nación para poder colocar títulos en el exterior. Sin embargo, en el Gobierno aún tienen resquemores por la deuda de los estados subnacionales. El argumento oficial es que las provincias tienen una mayor fragilidad ante esa exposición, que no son las generadoras de las divisas y que en el mundo no son los estados subnacionales los que se endeudan.
Otro argumento para el rechazo al endeudamiento de las provincias es que en general no han tenido resultados óptimos porque muchas han debido reestructurar sus pagos y algunas, como el caso de La Rioja, han entrado en default.
“En el último tiempo (desde 2020 a la fecha), de 13 provincias con títulos bajo legislación internacional, 11 reestructuraron. Los únicos dos que no lo hicieron fueron CABA y Santa Fe. De esos 11, 10 lo hicieron en igual momento que la reestructuración nacional de (el exministro de Economía, Martín) Guzmán y la restante (Tierra del Fuego) lo hizo a principios de 2024”, explicó Alejandro Pegoraro, director de Politikon Chaco, consultora especializada en finanza provinciales.
La idea de los despachos oficiales es que el financiamiento de las provincias se concentre en el mercado interno. Mercado que hoy, sostienen, sigue con baja profundidad, por lo que la participación de las provincias podría sumarle dinamismo. A pesar de este limitante que supone el mercado de capitales local, el Gobierno aún no analiza eliminar las restricciones cruzadas que se reestablecieron en la previa a las elecciones y que limitaba a las personas operaran divisas en el mercado financiero a hacerlo a través del sistema bancario. La decisión fue tomada en plena volatilidad pre electoral y buscaba limitar la presión que las operaciones ejercían sobre la brecha cambiaria.
Un obstáculo en esa expectativa de profundizar el mercado de capitales también lo ven en la propuesta de la provincia de Buenos Aires de grabar con una alícuota del 9% de Ingresos Brutos a las operaciones de títulos, letras, bonos, obligaciones negociables y otros papeles emitidos por el Gobierno nacional.
A pesar del malestar, desde el Gobierno confían en que no están dadas las condiciones para avanzar en grandes reformas en lo que refiere a Ingresos Brutos, como es el caso del SIRCREB, el esquema que facilita la recaudación de este impuesto por parte de las provincias a través de la retención vía cuentas bancarias. “En un mes funden dos provincias y en dos meses otras dos más”, confían conocedores de la materia que transitan despachos oficiales.
Tampoco facilitaría las negociaciones en curso que tiene el oficialismo con las provincias. El objetivo inmediato está en el presupuesto 2026, con el que el Gobierno insistirá en la primera semana de diciembre, y para el cual se encuentra redactando cambios surgidos de las negociaciones con las provincias para aprobar las reformas laboral y tributaria. A pesar del diálogo fluido en el texto, quedaron descartados cambios en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles, así como aumentos en la obra pública bajo el argumento de que el texto original ya cuenta con una suba del 40% en los recursos, aseguró un involucrado en las negociaciones.
El cierre del año promete desafíos en el frente financiero. Los vencimientos de enero plantean la dicotomía sobre si el Gobierno podrá refinanciarlo vía mercado de capitales o si contará con asistencia a través de un REPO por poco más de u$s 4000 millones. Los vencimientos por u$s 1000 millones de BOPREAL se pagarán directamente con reservas, mientras el Gobierno trabaja todavía en un esquema de acumulación de divisas que, confía, se hará a través de compras en el mercado y no con un esquema de subastas similar al aplicado en 2018. Los plazos no los apuran y se muestran confiados en que la revisión de febrero con el FMI no supone un problema, a pesar de estar a más de u$s 10.000 millones de la meta acordada.
