El presidente Javier Milei ya consiguió que dos provincias adhieran al denominado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos" y este lunes avanzará con más firmas, según pudo saber El Cronista de fuentes del Gobierno, mientras que abrochan los proyectos de "blindaje" para enviarlos al Congreso inminentemente.
El primero en adherirse al convenio de intercambio de información fue el catamarqueño Raúl Jalil el pasado jueves. El mandatario pasó por Balcarce 50 y se sacó la foto con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. A él le siguió el tucumano Osvaldo Jaldo, quien se reunió en la Casa de Gobierno de Tucumán con Caputo, Pazo y el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, para oficializar su adhesión el viernes.
En este caso se trata de un gobernador que maneja su propio bloque peronista afín al Gobierno en la Cámara de Diputados, llamado Independencia. Fue la primera división del peronismo en la Cámara y, aunque se mantiene como la única oficial, en el bloque que conduce Germán Martínez los catamarqueños de Jalil y los santiagueños de Gerardo Zamora siempre suelen fragmentar la unidad opositora para actuar en sintonía con los intereses de los libertarios.
Todos ellos participaron de los encuentros por zoom con los funcionarios el miércoles pasado. A priori, este lunes habrán dos firmas más y en Casa Rosada son optimistas con que los oficialismos provinciales aliados que se sumarán rápidamente, como el caso de el entrerriano Rogelio Frigerio, el chubutense Ignacio Torres, el chaqueño Leandro Zdero y el mendocino Alfredo Cornejo.
El martes además habrá una cumbre de mandatarios por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que se llevará a cabo en su sede en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de un encuentro en el que hablarán de cuestiones tributarias y coparticipación. En la Casa Rosada deslizan como posibilidad que, con esa excusa, puedan pasearse más gobernadores para firmar.
En total fueron 17 las provincias que participaron de esos encuentros virtuales y en el Gobierno tienen confianza con que todas ellas terminarán firmando, tarde o temprano. El problema está en los que no asistieron, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Jorge Macri (CABA), Sergio Ziliotto (La Pampa), Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
Al gobernador radical de Santa Fe, que hasta ahora se mostró escéptico en cuanto a que "tiene que plantar la bandera en contra del narcotráfico", creen que pueden convencerlo. Se mostró predispuesto a entablar un diálogo en pos de facilitarle el plan al Gobierno sin pagar un costo político por ello y según pudo saber este diario, es "muy probable" que durante la semana organicen otra bilateral con ARCA para terminar de dilucidar sus dudas.
Otro de los más críticos fue Kicillof, a quien creen que cederá eventualmente. El hecho de que tanto él como a Macri -a quien no invitaron al primer encuentro- pidieran una reunión informativa lo vieron como una buena señal y las fuentes interpretan, a título personal, que la negativa del peronista opositor tuvo que ver más con una interna con Cristina Fernández de Kirchner, a quien "por poco le faltó decir que le parece una buena medida". "Va a ser constantemente un tira y afloje", reconocen cerca del mandatario.
El acuerdo consiste en garantizar la implementación del nuevo Régimen Simplificado de Ganancias. En este sentido, el compromiso que firman implica que la provincia preservará la información de los consumos personales, la situación patrimonial de los ciudadanos y no establecerá nuevos regímenes de información. De no hacerlo, el Gobierno las "penalizará" con la perdida de acceso a la información de facturación de personas y/o empresas, así como la relativa a los consumos que se den por encima de los umbrales fijados por ARCA ($50.000.000).
Esto va jurídicamente en paralelo a los proyectos de ley que, en esencia, buscarán subir el umbral para que se considere evasión fiscal, bajar los años de prescripción por delitos tributarios y limitar las facultades del fisco para "ir hacia atrás" en su investigación. Con el compromiso de los gobernadores, en Casa Rosada algunos ven como posible conseguir una pronta aprobación y estiman que lo enviarán para fines de esta semana, según pudo saber El Cronista.
El respaldo de los mandatarios funcionará como presión para que no puedan oponerse en el Congreso, según analizan en un despacho de Casa Rosada. Otros en el oficialismo, de todos modos, son más cautos y no quieren apurar el tratamiento parlamentario sin una garantía de que llegue a buen puerto. "Dependerá de la urgencia", analizaba una fuente afín a la estrategia parlamentaria. Esta semana el Congreso se prepara para debatir proyectos de alto impacto fiscal y deja una antesala no muy amigable para colaborar con el plan económico del Presidente.
